Las acciones en defensa de la Constitución Política del Estado (CPE) son potestades de las personas para motivar la actividad jurisdiccional. Obligan a los poderes públicos a dar una respuesta pronta y oportuna referida a la tutela de los derechos y garantías de la persona. Las acciones constitucionales son: acción de inconstitucionalidad, procede respecto a leyes de todo tipo, estatutos autonómicos de todas las entidades territoriales autónomas (departamentales, regionales o indígena originario campesinas), cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas municipales, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, que tuvieran un contenido contrario a la CPE y que, en consecuencia, vulneren o amenacen con vulnerar uno o más derechos individuales o colectivos reconocidos por la CPE.
Acción de libertad, es una garantía constitucional destinada a brindar protección judicial a toda persona ante la vulneración de sus derechos a la vida, la libertad, la locomoción y el debido proceso. Es conocida también como hábeas corpus.
Acción de amparo constitucional, destinada a brindar protección judicial a toda persona ante la vulneración de sus derechos. Es una garantía de tramitación rápida, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos reconocidos tanto por la CPE como por la ley, en casos en los que actos u omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos o de personas particulares los restrinjan, supriman o amenacen con su restricción o supresión.
Acción de protección de privacidad, destinada a brindar protección judicial a toda persona, sea ésta individual o colectiva, ante la vulneración de sus derechos a la intimidad y privacidad personal o familiar, así como los derechos a la propia imagen, la honra y reputación. Esta acción permite conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en cualquier soporte, sea éste físico, electrónico, magnético, informático u otro similar, en archivos y bases de datos, sean públicas o privadas.
Acción popular, destinada a restablecer el imperio de los derechos e intereses colectivos. Posee un carácter preventivo y restaurador de estos derechos, es decir se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Acción de cumplimiento, tiene por objeto hacer cumplir al servidor público, un mandato imperativo impuesto por la CPE o las leyes, en los casos en que, de manera injustificada y al margen de la norma, se incumple o se resiste el cumplimiento. Recurrir a estas acciones es una posibilidad para evitar el abuso del poder y la deformación de la Constitución.
