La opinión pública es testigo de una nueva ola de asesinatos a sangre fría en la ciudad de Santa Cruz perpetuados por sicarios: al menos cinco entre el 14 y el 27 de julio. A raíz de estos hechos, investigadores del Ministerio de Gobierno pudieron averiguar cuánto cobran estos delincuentes, carentes de todo escrúpulo, por segar la vida de otra persona: entre 2.000 y 10.000 dólares.
En la mayoría de los casos se trata de ajustes de cuentas entre narcotraficantes y deudas por negocios ilícitos o juegos de azar. Al respecto, cabe recordar que el tráfico de drogas viene siempre acompañado de los peores males: asesinatos, violaciones, corrupción generalizada, crisis institucional y, sobre todo, desestructuración del tejido social.
Por estos y otros motivos, el negocio del narcotráfico bien puede ser comparado con un nocivo cáncer, susceptible de expandirse con mucha facilidad en la sociedad, no solo porque promueve en parte de la población la expectativa de poder acumular riqueza en corto plazo y sin mucho esfuerzo, sino también por su facilidad para mimetizarse en negocios “lícitos”, que terminan contaminando al resto de la economía nacional. Por caso, valga mencionar lo que ocurre en Ciudad Juárez, al norte de México en la frontera con Estados Unidos, cuya población vive ahogada entre la violencia y la corrupción generadas por el tráfico de estupefacientes al siempre ávido mercado estadounidense.
Asimismo, no cabe duda de que el incremento delictivo tiene suelo fértil en una escandalosa impunidad judicial. En efecto, no solo son muy pocos los asesinatos en el país que terminan con una sentencia condenatoria, también es corriente que jueces y fiscales faciliten la excarcelación de sicarios y de personas vinculadas con el robo agravado y el narcotráfico. Y a las fallas de los procesos de investigación judicial se unen los problemas del sistema carcelario, que antes de rehabilitar a los delincuentes, se constituye en un espacio de violencia y reproducción de los delitos.
Otro factor determinante para la creciente inseguridad deviene de las deficiencias del servicio policial, especialmente en cuanto a la prevención de delitos. Por ejemplo, en zonas urbanas azotadas por la delincuencia se echa siempre de menos una mayor presencia de efectivos, así como una permanente vigilancia policial.
Aún estamos a tiempo para evitar que el país caiga a merced de las organizaciones criminales como ocurre en algunas localidades mexicanas, en donde los cárteles amedrentan a la sociedad y corrompen a las autoridades para poder operar en la impunidad. Pero eso pasa por encontrar soluciones que combinen el rigor de la ley con la promoción de alternativas viables para el desarrollo económico de la población, e involucren a toda la sociedad.
