Cuando el 13 de abril La Razón publicó un reportaje sobre la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), nadie imaginaba que ese ejercicio de periodismo de investigación daría pie a una severa amenaza contra la libertad de expresión. Hoy ese peligro parece conjurado, gracias a una decisión del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
En efecto, el 22 de abril el Procurador General del Estado solicitó a la Justicia Ordinaria procesar a un periodista de La Razón por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos de Estado, y a la Directora del medio por supuesta complicidad. Una acusación sin fundamento, pues el reportaje, titulado De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, simplemente daba cuenta sobre la información pública en relación a la memoria que Bolivia presentó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La solicitud del Procurador fue prontamente ejecutada por el juez 11º de Instrucción en lo Penal, quien no solo inició los trámites para procesar por la vía penal el ejercicio periodístico, sino que además ordenó al periodista procesado dar a conocer el nombre de la fuente, secreta, que le había ayudado a conocer los detalles publicados en el reportaje. Ésa fue la principal amenaza al ejercicio del periodismo, pues la orden judicial desconocía que la Ley de Imprenta, plenamente vigente, además de proteger el secreto de fuente, establece que el verdadero delito penal es el de divulgar dicho secreto.
La amenaza contra los periodistas de La Razón, sumada al ataque contra el secreto de imprenta, una de las piedras angulares del periodismo de investigación, movilizó a todas las organizaciones del gremio (con una ostensible excepción, pues algunos dirigentes antepusieron sus opiniones personales a la defensa de un principio general), en especial a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), cuyos miembros fueron enfáticos al defender la inviolabilidad del secreto de fuente.
Es digno, pues, de destacar la actuación de los vocales del TDJ, que hicieron prevalecer la justicia al reconocer que es el Tribunal de Imprenta el llamado por la ley y la Constitución a conocer el caso; y de agradecimiento las organizaciones sindicales de los periodistas, comenzando por la de este diario; a las y los intelectuales que manifestaron su apoyo en público y en privado; y muy especialmente a los directores de los diarios El Deber, Los Tiempos, El Diario, Opinión, La Patria, El Potosí, El Día, El Sol y Extra, y de la red Erbol, así como de otros medios y al Director Ejecutivo de la ANP por su decidida defensa de los principios que hacen posible el periodismo libre e independiente.
Finalmente, reiteramos que La Razón será intransigente en la defensa de los derechos y los principios del ejercicio periodístico ante cualquier acción de parte de personas particulares, autoridades e instituciones del poder establecido.
