Los colegios Monserrat, en la sede de gobierno, y Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, han anunciado que a finales de esta gestión van a dejar de operar, porque se han vuelto financieramente insostenibles. Otros cinco establecimientos privados del eje central (dos en La Paz, igual número en Santa Cruz y uno en Cochabamba) analizan asumir una medida similar.
En el primer caso, 300 estudiantes se verán afectados por esta decisión. En la capital cruceña serán 656 los niños y adolescentes perjudicados con la clausura, después de 36 años de operación, del colegio Las Américas. Esto sin contar a los profesores, administrativos y demás personal que van a perder su fuente laboral.
Consultados por los motivos de esta drástica decisión, los directores de ambos establecimientos coincidieron, por separado, en que el 5,9% de incremento a las pensiones escolares establecido por el Ministerio de Educación para la próxima gestión no es suficiente para cubrir sus costos operativos, que han aumentado más de lo previsto a raíz del segundo aguinaldo y del incremento en 10% de los salarios establecido por el Ejecutivo. No obstante, la principal causa de su déficit deviene de la elevada mora de las pensiones, que en algunos establecimientos sobrepasa el 60%, según datos de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop).
Al respecto, cabe recordar que la única manera que tenían los colegios privados para presionar a los padres de familia a fin de que cancelen las mensualidades era con la retención de la libreta escolar. Sin embargo, desde 2012 el Ministerio de Educación ha emitido resoluciones que prohíben esa práctica, con multas bastante elevadas para los que retengan las libretas por deudas de pensiones u otros conceptos. De esta manera, los colegios se quedaron sin la única “estrategia” que tenían para presionar a los padres deudores, y en algunos casos la mora creció como la espuma. Este incidente pone en evidencia cómo algunas decisiones gubernamentales tomadas en favor de la población a veces generan el efecto contrario, ya que a la larga terminan siendo contraproducentes.
Si el Ministerio de Educación persiste en su intención de prohibir la retención de las libretas escolares, sería deseable que establezca alguna estrategia alternativa que obligue a los padres de familia a cumplir con sus responsabilidades financieras con los colegios privados. Una medida tanto más necesaria por cuanto son muchos los bolivianos que, lamentablemente, buscan beneficiarse de bienes o servicios pero sin pagar por éstos. Fenómeno que por ejemplo es bastante evidente en los condominios y edificios multifamiliares, donde nunca faltan las familias que eluden cancelar los gastos comunes, a la espera de que el resto financie los servicios (luz, agua, porteros, mantenimiento, etc.) que también les benefician.
