El 5 de agosto, cinco policías acusados de ultrajar en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba a una meretriz de 23 años con retraso mental, la madrugada del 27 de julio, fueron liberados por la jueza Jannet Charo, con el argumento de que no existía una denuncia formal y que la presunta víctima había desaparecido.
Sin embargo, en realidad la joven abusada se encontraba en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios desde el 1 de agosto, fecha en la que fue remitida a ese nosocomio por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación de Cochabamba. Según ha denunciado la directora de la Oficina Jurídica de la Mujer (OJM), quien fue la que identificó y dio a conocer el paradero de la víctima, el Comando Departamental de la Policía sabía de este hecho, pues tenía en su poder un informe de la cabo que la encontró, el 31 de julio, deambulando semidesnuda en una plaza de la capital valluna, y la entregó al Sedeges para que se haga cargo de su internación.
Consultado al respecto, el Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, Alberto Suárez, señaló que se había enterado del paradero de la muchacha recién el 14 de agosto, cuando la directora de la OJM dio la noticia, y justificó su desconocimiento alegando que la cabo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que hizo el hallazgo no le dio la importancia debida, en tanto desconocía el caso pues acababa de llegar del interior del departamento. Además, en su informe se refería a la víctima como una menor extraviada de 15 años.
No obstante, lo lógico habría sido que su superior, en este caso el director de la FELCC, hubiese hecho el seguimiento correspondiente al informe, alertando no solo al Comando Departamental, sino también a la Fiscalía; más aún tomando en cuenta que las señas, el comportamiento y el nombre de la muchacha que fue remitida al psiquiátrico coincidían con la descripción de la víctima de ultraje colectivo que supuestamente estaba siendo buscada por la Policía y el Ministerio de Gobierno.
Son al menos dos las explicaciones que este hecho suscita: o se trata de un caso de negligencia policial o —peor aún— de una indolencia premeditada para obstaculizar las investigaciones y favorecer a los miembros de la UTOP acusados de la violación, quienes fueron liberados justamente gracias a la “desaparición” de la víctima.
Queda en manos de la institución llamada constitucionalmente a resguardar la seguridad y el orden público esclarecer, cuanto antes, ambos hechos. De lo contrario, el descrédito que se cierne sobre la institución verde olivo, por el número creciente de casos de corrupción entre sus miembros de todos los niveles, seguirá en aumento, poniendo en cuestión su razón de ser.
