A raíz del asesinato de una mujer de 26 años en un estacionamiento de Santa Cruz, cometido por el guardia de seguridad de ese lugar, y de otros hechos violentos con saldos fatales cometidos principalmente en las ciudades del eje, el clamor de la incorporación de la pena de muerte en el Código Penal se ha vuelto a levantar entre varios sectores de la población, incluidas a autoridades del Ministerio de Justicia.
Ante este clamor, producto de la impotencia y la ira frente a la impunidad en la que operan muchos delincuentes, huelga señalar, de nueva cuenta, que está ampliamente comprobado que la pena capital no ha logrado reducir el índice de criminalidad en ninguna parte del mundo. Además, y más importante aún, esta práctica conlleva el riesgo de cometer un error irreparable, en tanto se puede liberar a una persona inocente de la cárcel, pero no de la tumba.
Habida cuenta de las grandes fallas que impera en el sistema judicial del país, en el que solamente encuentran una respuesta aquellos que tienen la influencia y los recursos necesarios para hacer andar los corroídos engranajes judiciales, modificar la CPE para poder incluir la pena capital en nuestra legislación representaría un retroceso impropio de sociedades evolucionadas y gobernadas por el derecho, que condenaría a muchos inocentes a la horca.
