Hace dos semanas salió a la luz pública la existencia de una red que traficaba armas desde el país rumbo a Brasil, conformada por dos policías y cinco autoridades del Servicio de la Empresa de Correos de Bolivia. El armamento tenía como destino final el Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal brasileña que se dedica al tráfico de sustancias controladas y a todo tipo de delitos.
Entonces las autoridades nacionales señalaron que, con la detención de los policías y los funcionarios involucrados, esta red había sido desarticulada. Sin embargo, el martes un boliviano fue detenido en Miami, EEUU, en un operativo encubierto cuando estaba a punto de comprar ilegalmente 11 fusiles AK-47 que iban a ser transportados hasta Bolivia. Este nuevo arresto permite suponer que o la red que fue descubierta a finales de agosto en Santa Cruz sigue operando, o existen varias otras organizaciones criminales que se dedican a este ilícito en territorio nacional.
Independientemente de cuál sea la respuesta, como antes se dijo en este mismo espacio, urge tomar acciones concretas para atacar, de raíz, el tráfico de armas en el país, un negocio tanto más nocivo por cuanto opera de la mano del narcotráfico, promoviendo la violencia, la corrupción y la criminalidad en todos los estratos de la sociedad.
