La Justicia anda mal en Bolivia. Este enunciado no dice nada nuevo, aunque al mismo tiempo es la constatación de un problema permanente que requiere ser atendido en favor de la institucionalidad democrática del país.
Los partidos que van a participar en la contienda electoral del 12 de octubre han hecho varias propuestas, incluso se ha sugerido una modificación a la Constitución Política del Estado que permita, por ejemplo, endurecer las penas más allá de los 30 años sin derecho a indulto que actualmente establece el artículo 118 de la Carta Magna, o eliminar el voto directo para elegir a los magistrados con el fin de restituir el sistema de meritocracia que se empleó en el siglo pasado, con una fuerte influencia de los partidos del viejo sistema.
El debate tiene aún muchas aristas, mientras que la retardación de justicia (cerca del 80% como hace 20 años) golpea especialmente a la gente de escasos recursos, paradójicamente el grupo poblacional que debería ser el mejor protegido por parte de las autoridades de turno.
La “revolución” propuesta para cambiar al sistema judicial aún está en la fase de las propuestas. Lo importante será recuperar el espíritu democrático a la hora de elegir por voto a los magistrados sin descuidar el debido concurso de méritos.
