Días atrás, en entrevista publicada por el diario español El País, el Presidente del Estado reconoció que fue un error incluir la elección de jueces por voto popular en la Constitución Política del Estado aprobada en 2009. No es la primera vez que lo hace ni es el único, el Vicepresidente dijo lo mismo hace pocas semanas. Sin embargo, puede que el problema sea otro.
En efecto, el calamitoso estado del Órgano Judicial, que debía haber sido radicalmente transformado por las autoridades que fueron electas hace tres años, ha inspirado en los mandatarios una suerte de arrepentimiento por lo que en su momento fue calificado como una revolución en el derecho constitucional en el mundo y que hoy, a juzgar por esas declaraciones, parecería haber sido un experimento caprichoso con resultados insatisfactorios.
Desde un primer momento fueron varias las voces críticas contra el método de selección de las máximas autoridades judiciales, que señalaban que de ser buena la idea ya se habría puesto en práctica en algún otro país del orbe. El argumento, por superficial, era fácil de rebatir, y probablemente fueron más las personas que, por el contrario, se ocuparon de encontrar virtudes a la selección popular de magistrados y tribunos. Estas páginas albergaron tal debate.
No obstante lo cierto es que luego del 17 de octubre de 2011, aparte de la composición étnica de las cúpulas de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, poco cambió en la tristemente célebre administración de justicia en Bolivia. Es más, los escándalos menudearon y actualmente varias de esas autoridades electas están siendo procesadas por el Órgano Legislativo debido a que adoptaron decisiones polémicas o discutibles para el Ejecutivo.
Sin embargo, es posible que el problema no haya sido la forma de elección de esas autoridades, sino los pasos previos a la votación de hace tres años. Señalar únicamente que la pésima gestión de los actuales magistrados y tribunos se debe a la forma de su elección es casi como decir que fue el pueblo el que se equivocó al elegirlos, lo cual era una de las razones para oponerse al proceso: ¿cómo se podía saber quién es el mejor para un cargo de tanta responsabilidad solo a través de un poco de propaganda producida por el Órgano Electoral? En los hechos, quienes llegaron a figurar en la papeleta habían sido ya seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que quiere decir que muy probablemente el resultado hubiese sido el mismo si la elección se realizaba, como antes, en el Legislativo.
El problema, pues, está en la falta de idoneidad y de responsabilidad de quienes postularon y fueron seleccionados, no en el modo de elegirlos. Lo que debe cambiar, entonces, es la mentalidad de quienes se sienten capaces de ocupar tan alto puesto, no las prácticas democráticas.
