De todas las instituciones democráticas, sin duda la más esencial es el voto, ya que es la forma en que el conjunto de la población, a través de quienes tienen edad suficiente y derecho a votar, elige a quienes conducirán el Estado y administrarán la cosa pública. Hoy, Bolivia vuelve a las urnas a elegir presidente, vicepresidente y asambleístas legisladores.
El periodo de campaña ha servido para que los candidatos en competencia hagan todos los esfuerzos posibles por diferenciarse de los actuales administradores del Estado, visibilizando sus defectos y errores a tiempo de resaltar las virtudes propias; pero aun así la guerra sucia no ha llegado a los extremos que se temía, por lo que en términos generales puede decirse que se han observado los márgenes del respeto.
Además, la competencia no solo se ha orientado a restar apoyo a los candidatos del oficialismo, también ha sido destacable la pugna por el segundo lugar, que ha dado paso a una guerra de posiciones entre Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyos representantes electos buscarán posicionarse como líderes de una previsiblemente pequeña oposición.
Por su parte, el oficialismo, que llega como claro favorito en las encuestas de intención de voto, ha tenido además ingentes recursos de campaña, no solo por el tamaño de su aparato electoral, sino sobre todo porque tuvo a su disposición los recursos del Estado, que de muchas maneras han servido para posicionar a sus candidatas y candidatos y, sobre todo, mostrar al Presidente y Vicepresidente como los administradores exitosos que llevan obras y desarrollo a todos los rincones del país.
Desde otros punto de vista, se ha observado que las propuestas electorales han coincidido en la necesidad de conservar la estabilidad económica del país y la actual participación del Estado en la generación y administración de la renta, con excepción del PDC, que ha ofrecido implementar una versión renovada de la capitalización de los años 90. Asimismo, todos los candidatos han prometido mantener, con una u otra innovación, el sistema de bonos para adultos mayores, mujeres en edad reproductiva y niños y niñas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llega a la jornada manchado por el estigma de haber favorecido al oficialismo, argumento que los opositores intentan reforzar a fin de sugerir fraude electoral si los resultados de la votación no les favorecen; las misiones extranjeras de observación electoral ayudarán a disipar esas dudas. Una gestión más cuidadosa de sus decisiones hubiera ayudado al TSE a evitar algunas de las acusaciones y sospechas.
Toca, pues, acudir a las urnas para elegir al Gobierno de los próximos cinco años, y cabe esperar que la sociedad sea respetuosa de los resultados, tanto reconociendo la legitimidad de quienes resulten ganadores como, sobre todo, respetando los derechos de las minorías.
