No cabe duda de que en los últimos años Bolivia ha emprendido importantes medidas para acabar con la exclusión social, la discriminación y la injusticia. El reciente triunfo electoral del proyecto del presidente Evo Morales y del MAS confirma el apoyo popular a aquellos avances. Sin embargo, confianza no debe ser necesariamente sinónimo de continuidad absoluta.
El nuevo gobierno tiene ahora la responsabilidad de profundizar en estos cambios y afrontar los desafíos que continúan pendientes, para que se garantice el pleno respeto y la protección de los derechos humanos en el país. Entre estos desafíos se encuentra, sin duda, la crisis del sistema de justicia. La desconfianza en la administración de justicia es generalizada en Bolivia. La insuficiencia de recursos, alegaciones de corrupción y deficiencias en la gestión datan de muchos años. Aunque en los últimos meses las propias autoridades reconocieron abiertamente la mala salud de la que goza el sistema de justicia en el país.
El nuevo gobierno deberá hacer frente a esta preocupación sin medias tintas, con recursos apropiados y medidas que fortalezcan su independencia y eficacia, asegurando su acceso a toda la población, y en particular a los sectores con menos recursos, mujeres y pueblos indígenas.
La Justicia ha sido particularmente evasiva para los centenares de hombres y mujeres que fueron torturados y para muchos de los familiares de quienes fueron desaparecidos durante los gobiernos militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982. En estos casos, la impunidad se alimenta de las falencias estructurales del sistema judicial y de la falta de voluntad política para hacer de la justicia una realidad. “El pueblo tiene que conocer para que no vuelva a ocurrir nunca más”, ha sido uno de los reclamos más escuchados por Amnistía Internacional en todas sus visitas a Bolivia en los últimos años.
Avanzar en un mecanismo que establezca la verdad de lo ocurrido y cuente con la legitimidad de las víctimas, establecer medidas para que los responsables de las violaciones comparezcan ante la Justicia y asegurar una reparación justa que vaya más allá de una compensación económica deben ser puntos que el próximo gobierno incluya en su agenda. De lo contrario, Bolivia seguirá ignorando abiertamente no solo a las víctimas, sino también sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
A su vez, los derechos de las personas privadas de libertad merecen la inmediata atención de las autoridades. Las medidas tomadas hasta la fecha no han servido para descongestionar las cárceles y reducir los altos niveles de hacinamiento, que en buena parte contribuyen a episodios de violencia intracarcelaria cada vez más frecuentes y preocupantes.
Por otra parte, un enorme desafío para el nuevo gobierno es enfrentar la desigualdad en el acceso a derechos que afectan a mujeres y niñas, particularmente, indígenas y campesinas. A pesar de varios avances normativos significativos, la discriminación estructural aún no se ha superado. Se manifiesta en altos índices de violencia impune contra mujeres y niñas, uno de los indicadores de mortalidad materna más altos de la región y el aumento de embarazos no deseados entre adolescentes, entre otros datos alarmantes que dan cuenta de que el proceso de despatriarcalización requiere una profundización urgente.
La amplia mayoría lograda por el presidente Evo Morales le permite aprobar nueva legislación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y llevarla a la práctica, fortalecer instituciones y otorgar presupuestos que logren por fin hacer realidad el deseo de luchar contra una cultura de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas.
La promoción de los derechos de los pueblos indígenas también sigue siendo un reto en Bolivia. Los esfuerzos de los últimos años para poner fin a décadas de discriminación y racismo hacia los Pueblos Indígenas deben ahora ir acompañados de medidas que reconozcan otros derechos cruciales como su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre asuntos que los afectan. Retomar las discusiones para la aprobación de una ley de consulta debería estar también en la agenda de las nuevas autoridades, asegurando mecanismos de diálogo y participación para consensuar la norma con todas las organizaciones indígenas representativas.
Amnistía Internacional planteó estos desafíos a los candidatos presidenciales en una carta abierta durante la campaña electoral y a la fecha no ha recibido respuesta. La amplia confianza depositada en el nuevo gobierno debe traducirse también en un incentivo para dar respuesta a estos problemas todavía pendientes. El comienzo de este tercer mandato del presidente Evo Morales debe abrir las puertas a la cabal consagración del respeto y protección a los derechos humanos.
