Las y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) del país están siendo pulverizados por una promesa innecesaria y desmesurada que no pudieron cumplir. Diez días antes de la votación, a tiempo de hacer la demostración del sistema de cómputo, anunciaron que a medianoche del 12 de octubre tendrían el 70% del cómputo nacional, llegando al 90% a las siete horas del día siguiente. Era algo inédito, arriesgado. Y falló.
El sistema electoral boliviano se ha caracterizado por privilegiar la seguridad por encima de la celeridad. Y eso se mantuvo en la nueva normativa. Así se explica que, a diferencia de otros países, la entrega oficial de resultados del sufragio tome varios días. Los datos (preliminares) con los que contamos la noche de la jornada de votación provienen no del Órgano Electoral, sino de la “sondeocracia” (empresas encuestadoras aliadas con medios de difusión) con base en bocas de urna y conteos rápidos.
Así, en nuestra historia democrática (ya llevamos nueve elecciones generales) no hubo ningún proceso electoral, ni uno solo, en el que el cómputo nacional de votos se haya realizado en menos de cinco días. Quienes hoy juran ante los medios que “a las veinte horas ya se sabía el resultado” o “dos días después estaba el cómputo total” están faltando a la verdad (incluidos algunos oportunistas ex vocales electorales). Mienten y saben que están mintiendo. La “ominosa demora” es más bien la regla.
La tradición del cómputo electoral en el país es algo así como una competencia entre tribunales departamentales. Pando casi siempre cierra primero, al día siguiente de la votación. Poco después lo hacen Tarija y Cochabamba. Y así. Los cómputos departamentales que tardan cuatro a más días, por la distancia de algunas actas en el área rural, son Potosí, La Paz y Chuquisaca. Y el cómputo nacional, si es que no hay repetición de voto en mesas anuladas, toma entre cinco a diez días. Así es… hasta hoy.
El actual cómputo electoral, entonces, está no solo en el marco del plazo legal, sino también en el histórico del tiempo utilizado en anteriores elecciones. Empero, nada de ello exime al Tribunal Supremo Electoral por su irresponsable anuncio de un cómputo veloz (que hoy pasa factura). Tampoco justifica las inaceptables “fallas técnicas” y “errores involuntarios” que han generado sospecha e incertidumbre. O peor: que le restan legitimidad a la voluntad ciudadana inequívocamente expresada en las urnas.
Claro que el efecto más perverso de estos “errores”, que en algunos casos son obra de la falta de información clara y oportuna, radica en el previsible uso instrumental por parte de los derrotados que tienen en bandeja el pretexto para su grito preferido: “fraude”. Es cierto que hay casos aislados de actas con problemas atribuibles a las y los jurados de mesa (siempre los hubo), pero de ahí a pedir la anulación de la elección, el “recuento voto por voto” o negar el resultado hay gran distancia.
Mención aparte merece la acción del futuro senador por Unidad Demócrata en Cochabamba, Arturo Murillo. Como ha sido demostrado, este señor utilizó material de capacitación, fraguándolo, para proclamar como certeza que “cuatro personas votaron con el mismo nombre”. Murillo hizo fraude para demostrar supuesto “fraude”. Y eso embarra las “denuncias” opositoras. ¿Será por eso que su jefe Doria Medina le tiene tanto aprecio por su torpe concurso en los “casos difíciles”?
Como sea, más allá de las disculpas y necesarias explicaciones brindadas por las y los vocales del TSE, es fundamental que se respete nuestro derecho ciudadano a la información: todas las actas escaneadas tienen que estar accesibles en el sitio web del Órgano Electoral y debemos contar con datos desagregados de la votación por mesa tanto en el país como en el exterior. Y entre otras cosas esperamos conocer a los responsables, lo menos, de haber impreso más de seis millones de papeletas “plurinominales”.
Es comunicador.
