Es un fenómeno planetario llegar a la vida no para disfrutarla, sino para acumular documentos, desde el certificado de nacimiento hasta el de defunción. Pero en Bolivia, tramitar la obtención de cualquier atestado, por nimio que éste sea, requiere un prolongado tiempo, paciencia celestial y dinero en efectivo.
Las recientes elecciones presidenciales fueron una patética muestra del calvario que sufre la ciudadanía para cumplir con la ley; o mejor dicho, con la multitud de leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas muchas veces contradictorios entre sí. Se dio el caso que electores muertos estaban perfectamente habilitados para votar, porque no habían devuelto al registro civil su cédula de identidad antes de descender bajo tierra. Mientras otros que gozaban de buena salud habían sido eliminados de las listas electorales, por diversas razones.
Sin embargo, a pocos les llama la atención esas irregularidades, que en el Estado Plurinacional son categóricamente normales. Se ha fabricado tal cantidad de preceptos legales que el ciudadano de a pie, confundido, hace colas interminables para llegar a las ventanillas de las oficinas públicas en busca de orientación. Enfrenta a funcionarios malhumorados que lo envían a reparticiones equivocadas, salvo que aparezca disimuladamente un billete de Bs 10 o 20, para cambiar el talante del burócrata insensible y satisfecho de su poder. Ese es el microcosmos de gestiones que trasladadas a niveles superiores adquiere sofisticadas formas de ganar licitaciones (si las hay) o invitaciones directas para captar contratos sustanciosos.
Las peregrinaciones por los despachos de Derechos Reales, ministerios, alcaldías, policías, fiscalías, juzgados, Tránsito y otras agencias tienen idéntica mecánica. Cuanto mayor es la regulación, la posibilidad de corrupción es proporcional. Se da el caso que, para pagar impuestos, es preciso implorar a los encargados de recaudación, recibir el dinero reclamado por el fisco y, para más celeridad, se requerirá empozar, además, billetes extra.
Esa tendencia a exigir papeles para todo quehacer humano es abrumadoramente más penosa para los 12 millones de emigrantes indocumentados, por ejemplo en Estados Unidos y otros millones en Europa.
Aquellos miserables están sujetos a una serie de chantajes para evitar ser deportados. Deben aceptar trabajos forzados por menor salario que los nacionales, someterse conscientemente a ser explotados por amargos patrones, vivir sin seguro de salud, en barriadas insalubres. Empero, esa vida es aún más llevadera en comparación al nivel de pobreza que dejaron en sus países de origen. Así, están condenados a enfrentar ese infierno, por falta de papeles. Las tragedias se suceden cuando una vez obtenidos los documentos, éstos son robados o se han extraviado. Entonces, el martirio recomienza, con todas las secuencias antes anotadas.
En la era de la informática, es posible votar directamente en computadoras que reconocen las huellas digitales, ejercicio simple cuyos beneficios colaterales son erradicar cualquier posibilidad de fraude y contar rápidamente los resultados. Igualmente, el código personal de cada ciudadano lo puede habilitar para pagar sus impuestos por internet, recabar el duplicado de sus documentos de identidad y realizar innúmeras operaciones bancarias. El desafío está lanzado, menos papeles y más acceso a medios informáticos disminuirán la tentación a la corrupción y alegrarán la vida del desafortunado contribuyente.
