A menudo, al hablar de seguridad ciudadana se pone demasiado énfasis en la función y el papel de los órganos de seguridad del Estado (lo cual, en efecto, es su deber constitucional), y no —el suficiente— en los deberes de otras instituciones, públicas y privadas, además, por supuesto, de toda la población, para garantizar que nadie se sienta inseguro al habitar la ciudad.
La inseguridad ciudadana no solo debe ser imaginada como la violencia pública, manifestada en atracos, robos, asesinatos y demás crímenes que deben ser contenidos por la Policía y procesados por el sistema penal; también debe ser observada en la calidad de los servicios, en el respeto a la norma y, en fin, a todos los intercambios propios de la ciudadanía. Así, seguridad ciudadana también es tener la confianza en que cualquier trámite que uno inicie seguirá el conducto establecido y llegará a su conclusión, sin que medie el arbitrio de algún funcionario que o desconoce o, peor, prefiere vulnerar la norma. Es poder confiar en que un reclamo o denuncia por mala prestación de servicios públicos será investigada y el problema rápidamente enmendado. En Bolivia existen innumerables ejemplos en los que las instituciones regulatorias actúan con una lamentable falta de autoridad, cuando no evidente lenidad.
Así, por la falta de control efectivo de las instituciones llamadas por ley a hacerlo, deben anotarse como indicadores de inseguridad ciudadana las dos personas muertas y las tres decenas de heridas en el accidente causado por un bus incendiado días atrás. Construcción de seguridad ciudadana sería sancionar penalmente al causante del accidente, pues no solamente manejaba un coche cuya vida útil acabó años atrás, sino que lo había adaptado a gas licuado de petróleo, práctica prohibida desde hace ya mucho tiempo.
Seguridad ciudadana será también impedir, de una vez por todas, que vehículos inseguros o no aptos para el cometido sigan prestando el servicio de transporte público. Nos referimos a la vetusta flota de buses de la línea 2 (que no por ser un ícono de La Paz puede seguir operando con coches extremadamente peligrosos) así como a todos los minibuses, trufis y demás modos de transporte de pasajeros, que en muchas ocasiones son, literalmente, chatarra.
También será un aporte a la seguridad ciudadana el que las personas empiecen a respetar las normas que rigen la vida pública, comenzando, por ejemplo, con los semáforos, los pasos de cebra, los carteles de no estacionar y, en general, las mínimas normas de comportamiento cuando se está al volante de un coche. La seguridad de las y los peatones también es parte de esa responsabilidad.
Hay, pues, necesidad de reconocer que los esfuerzos por la seguridad ciudadana no pasan únicamente por más y mejor policía, sino sobre todo por construir un tejido institucional que garantice un efectivo cumplimiento de las normas.
