Es una verdad de Perogrullo que la infancia es una etapa trascendental para las personas, pues es en este periodo cuando se desarrollan los esquemas básicos para comprender y actuar en el mundo. No obstante, pese a su importancia para la sociedad, son pocas las políticas públicas orientadas a brindar una sana infancia a las niñas y niños bolivianos.
Los elevados índices de maltrato infantil que cada año se repiten, con tendencias al alza, son una prueba de ello. Por ejemplo, de enero a agosto de este año la Policía registró 1.016 casos de violencia infantil en el país. El 70% corresponde a denuncias de violencia física, psicológica y/o mediática dentro y fuera de los hogares; y el restante 30% (300 casos), a abusos sexuales, lesiones leves o graves y asesinatos.
Cuando no acaban con la muerte del infante, muchos de estos maltratos, además de heridas físicas, dejan una raíz de rechazo y vergüenza, cuyos frutos deterioran la salud de los niños y les impiden mantener relaciones sanas y duraderas, lo que a la postre deteriora su desarrollo.
Habida cuenta de que son muchos más los casos que se quedan tras bambalinas que los que salen a la luz, no resulta exagerado afirmar que decenas de miles, tal vez cientos, de menores atraviesan una infancia traumática en el país, cuando deberían estar viviendo una de las etapas más gratificantes de su vida. Esta lamentable situación nos recuerda que no solo en las calles la miseria se vive con todas sus letras, sino también en muchos hogares. Además, se trata de un fenómeno que tiene un alto costo para la sociedad, pues es una de las principales causas de la inseguridad en las calles, que compromete los niveles de cualificación y productividad de la fuerza laboral a mediano y largo plazo, así como la capacidad económica y productiva de un país.
Estos datos revelan que frecuentemente nos olvidamos de que todos los niños y niñas tienen el derecho a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, y que es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto garantizar la integridad física y emocional de los más pequeños. Y eso pasa primero por visibilizar y repudiar estos hechos, que suelen pasar desapercibidos o, peor aún, sin ser escuchados y atendidos como debieran cuando salen a la luz. Por otra parte, urge tratar este problema como un asunto de salud pública, promoviendo una convivencia pacífica y una relación más sana en los hogares.
Adicionalmente, sería deseable un sistema sanitario que asista a la población en materia de salud mental, con programas de psiquiatría que se ocupen de identificar y tratar a los potenciales pederastas en particular, y a los violadores en general, a partir de una serie de señales de alerta, entre las que se cuentan por ejemplo el maltrato de los animales, imposibilidad de manejar la frustración o conductas de oposición extrema hacia los padres y otras autoridades.
