El asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la localidad de Ayotzinapa (estado de Guerrero), perpetrado por policías del municipio de Iguala en coordinación con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, el 26 de septiembre pasado, ha estado permitiendo la expresión de rasgos de la política mexicana anteriormente cuestionados y que hacen al modo de actuar del Gobierno y los medios de comunicación, dos piezas clave de la maquinaria del poder.
Y es que si bien para los grupos de indignados que se encuentran movilizados ese suceso constituye un crimen de Estado, al modo de los ejecutados por el priismo en el quinquenio 1968-1973, el Gobierno y los medios de comunicación han venido asumiendo actitudes confusas, haciendo que esa indignación muestre un sentido vacilante y que más allá de Guerrero no asuma hasta ahora la fuerza de la repercusión internacional.
Ello porque desde que el caso no pudo ser enterrado como otros, los medios funcionales han venido criminalizando a las víctimas de las desapariciones, presentando a Guerrero como un estado belicoso. Pero en esta representación los “grupos de vándalos” que los distintos gobiernos habrían venido enfrentando no son solo cárteles de droga que se vendrían disputando al Estado, entre los cuales está Guerreros Unidos (escisión del Cártel de los Beltrán Leyva), organización criminal que habría logrado constituir toda una red de extorsión, llegando no solo hasta niveles políticos, sino también a la normal de Ayotzinapa que por su esencia socialista ha sido referida como un “semillero de subversivos” e incluso el Estado como una cuna de grupos guerrilleros, aludiendo a los grupos liderados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. A partir de esa representación esos distintos “grupos” aparecen en el mismo nivel y en mutua relación, hipótesis que el Gobierno ha venido sosteniendo sistemáticamente.
Por eso, si bien otros medios han venido reproduciendo la indignación popular al clamor de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, presentan también las acciones del Gobierno como loables, omitiendo sus dislates, su opacidad e ineficacia, aunque con una mayor intención en cuanto a los efectos que se buscan provocar. Fue el caso de la detención de la “pareja imperial”: José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, presidenta municipal y primera dama de Iguala, a quienes el Presidente identificó como principales sospechosos, cuando su detención obedeció más bien a la denuncia de tres homicidios ocurridos en 2013.
Tales puestas en escena no permiten más que la reaparición de la práctica política de “dar atole con el dedo”, que consiste en presentar información ocultándola para generar incertidumbre, y provocar un estado de parálisis en la opinión pública. Como el informe dado por el Procurador de la República el 7 de noviembre, quien a “confesión” de otros detenidos dijo que los estudiantes habían sido masacrados y quemados (aunque esta información no fue presentada como definitiva, pues las investigaciones continúan); y al día siguiente los medios replicaron: “¡Los habrían matado e incinerado!”. “¡Los mataron!”; “¡Calcinados!”, dando lugar a la impotencia y radicalización de algunos sectores que empezaron a exigir “¡Que se vayan todos!”, y “¡Fuera Peña Nieto!”.
Así, a fuerza de ser repetidas, esas medias verdades terminan constituyéndose en absolutas, bajo el mismo tono de cuando los medios venían publicitando las reformas del Gobierno y que casualmente las justificaban como necesarias, con el slogan “México se mueve”. Esto parece ser así, pero no en el sentido deseado por el Gobierno, quien enfrenta su peor momento, aunque frente a ello la sociedad parece moverse más por la falta de certezas que por la indignación unánime.
