La celebración, ayer, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha encontrado en el país gran eco tanto de parte del Estado como, sobre todo, de la sociedad civil, que exige cada día con más ímpetu mayores esfuerzos estatales para erradicar este mal de la sociedad, mientras ayuda a reconocer las múltiples formas en que se manifiesta.
La violencia es un problema que daña no solamente a quienes la padecen, sino a toda la sociedad, pues, como bien señala un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas, “Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad”.
En el marco de los esfuerzos por hacer visible la presencia de las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres, ayudar a las sociedades a reconocerlas como un problema y fomentar las medidas para combatirlas, y en lo posible eliminarlas, el Estado boliviano se precia de tener una legislación de avanzada gracias a la Ley (348) Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, cuya reglamentación demoró más de un año y medio, pero ya fue promulgada semanas atrás.
Al respecto, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en Bolivia evaluó la implementación de la Ley 348 en sus primeros 20 meses e identificó preliminarmente tres desafíos: primero, mejorar la coordinación entre entidades que trabajan en temas de violencia, particularmente entre la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y el Ministerio Público; el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura; los juzgados especiales y los ministerios de Salud y Educación.
El segundo desafío está en la correcta asignación y eficiente gestión de recursos para las tareas vinculadas con el cumplimiento de la ley, incluyendo la dotación de equipamiento e infraestructura. En este ámbito la citada reglamentación señala claramente las competencias de los distintos niveles de gobierno y establece sus fuentes de financiamiento. Hasta ahora nadie ha protestado por la medida, pero resta ver el modo en que esos recursos serán empleados. Finalmente, propone resolver los “cuellos de botella” en el procesamiento de los casos, pues se sabe que apenas el 12% de las denuncias presentadas desde la aprobación de la Ley 348 ha llegado a la etapa de imputación en el Ministerio Público.
Esta vez la tarea le toca al Estado en todos sus niveles, y el reto consiste en crear una institucionalidad acorde al espíritu de la Ley 348, lo que implica además de dinero una profunda convicción en la causa de acabar con la violencia hacia las mujeres.
