Aunque el caso no es nuevo, y de hecho provocó abundantes comentarios cuando se lo denunció a fines de julio, las recientes revelaciones sobre el presunto abuso sexual cometido por policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba contra una joven de 19 años es un nuevo estigma sobre la ya mellada imagen de la Policía Nacional y sus miembros.
Según los recuentos conocidos, pasada la medianoche, el 21 de julio, la joven, presumiblemente con algún tipo de discapacidad mental, se acercó al cuartel de la UTOP pidiendo ayuda, y lejos de obtenerla fue abusada sexualmente por los uniformados que hacían la guardia esa noche. Los detalles del caso se conocieron el miércoles, revelándose que la violación duró dos horas y que en ella participaron seis policías.
Por ahora, de la joven abusada se sabe poco, y es posible afirmar que eso es bueno, pues la sociedad ha dado abundantes muestras de que, incluso con buena voluntad, las víctimas terminan siendo culpabilizadas de los males que padecen. Precisamente algunos de los imputados aseguraron en sus declaraciones que la víctima era una prostituta (supuesto oficio que ya fue desmentido anteriormente por los familiares de la muchacha) y que “disfrutaba” de las relaciones sexuales no consentidas.
Según las indagaciones de la Fiscalía policial, varios policías presentes esa noche en la UTOP tuvieron conocimiento del hecho, pero no lo denunciaron porque los abusadores los amenazaron. Aun así, el caso fue de conocimiento del entonces comandante de la unidad policial, quien dispuso un sumario y recolectó evidencia en los lugares (varios) del cuartel donde se consumó la agresión sexual. Irónicamente el único oficial que actuó correctamente fue inmediatamente cambiado de destino por su superior, el Comandante Departamental, quien le exigió mantener el caso con “bajo perfil”. Por esa decisión el jefe de la Policía de Cochabamba fue incluido en la lista de imputados.
Dado el nivel de conmoción que el caso ha provocado en el país, la amplia cobertura periodística y la cantidad de comentarios que el avance de la investigación provoca, el Tribunal Departamental Disciplinario decidió declarar el caso en “reserva”, para preservar la “honorabilidad” de los imputados, beneficio al que no siempre acceden quienes son procesados en la Justicia Ordinaria. Previsiblemente ya se han escuchado voces que señalan falta de transparencia y encubrimiento.
Queda de todo el caso un pequeño alivio al saber que hay una indagación de los presuntos culpables en marcha, pero una enorme frustración producto de la acumulación de casos en los que policías en servicio activo se entregan con gran entusiasmo a cometer crímenes y delitos que más bien deberían evitar. La renovación de la Policía, pues, sigue siendo un asunto pendiente.
