Con la cercanía de las fiestas navideñas, las famosas maratones de solidaridad transmitidas por redes de televisión son cada vez más frecuentes. La célebre Teletón, creada durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile para recaudar fondos para personas con discapacidad y que se replica en México con éxito, son buenos ejemplos de una grotesca manipulación de la sensibilidad social, mezcla de negocio mediático con caridad.
Tal como ha denunciado el Comité de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Teletón crea un estereotipo sobre las personas con discapacidad, convirtiéndolas en sujetos de caridad y no como personas sujetas de derechos, cuyo garante, de acuerdo con diversas convenciones internacionales, es y debe seguir siendo el Estado, y no algún organismo de beneficencia privado, comercial o no gubernamental.
En este tipo de campañas hay que soportar, a veces durante varias horas (como en el caso de Chile), a conductores y personajes groseros como Don Francisco, quien con su mal gusto y socarronería premia con publicidad barata a empresas, políticos y hasta gobernantes que a título de caridad compran bonos de buena imagen, solidaridad y supuesto humanismo ante la opinión pública, a costa de la conmiseración de personas discapacitadas o en desgracia.
La niñez desamparada, las personas con discapacidad, personas que no pueden cubrir sus gastos médicos u otros sectores en condición económica precaria no deben ser sujetos de lástima, sino de preocupación estatal, ya que es el Estado el garante de la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos en condiciones de difícil subsistencia. Parece un detalle intrascendente, o poco importante, y se puede sostener (como algunos lo hacen) que si el Estado no cumple sus funciones, alguien debe hacerlo. Es cierto, algo se tiene que hacer, pero no a costa de suplantar al Estado, ni apelando a la conmiseración que refuerza estereotipos que ya no son válidos para este siglo. Este tipo de prácticas asistencialistas y paternalistas, muchas veces realizadas de buena fe, terminan causando más daño que bien a los que supuestamente pretende ayudar.
En lugar de administrar el intercambio de migajas por imagen pública, se debiera exigir a las empresas que cumplan cabalmente con sus impuestos y que los diferentes niveles del Estado ejecuten las políticas sociales a las que están obligados a cubrir. Experiencias exitosas en este campo, como las de Cuba, Holanda o Uruguay, son verdaderos ejemplos a seguir, como lo demuestran diversos informes sobre el avance de los derechos humanos de las personas en condición especial, las que no deben asumirse como personas sujetos de caridad, sino portadores de derechos irrenunciables.
