La institucionalización de las oficinas públicas es sin duda la mejor manera de asegurarse la prestación de un buen servicio, que sea no solo de calidad sino también equitativo, sin favoritismos ni abusos de autoridad. Como se sabe, esto se logra eligiendo a las personas más adecuadas para ejercer determinados cargos, con base únicamente en calificaciones técnicas y exámenes de competencia, junto con un sistema que promueva a los buenos servidores y expulse a los malos.
Desafortunadamente en el país son muy pocas las instituciones que se rigen por estos principios, y producto de ello es que ocurren negligencias extremas como las que presuntamente se han registrado en los últimos años en el Hogar Virgen de Fátima, y que salieron a la luz a raíz de la muerte del bebé Alexander de ocho meses. Nos referimos a una deficiente atención médica, mala alimentación y maltratos contra bebés, niños y niñas de ese orfanato (e incluso posibles violaciones).
Este cuadro de terror ha motivado a la Gobernación a anunciar la “institucionalización” de todos los puestos de ese hogar, a fin de garantizar que personal especializado esté a cargo de la manutención de los niños y la administración del lugar. Un principio elemental que debería aplicarse no solo a este orfanato, sino a todas las instituciones públicas.
