El plazo para que las fuerzas políticas entreguen sus planes de gobierno concluirá el 29 de enero. Los documentos, que deben llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), constituyen el primer paso para que la población conozca las propuestas de los candidatos a gobernaciones y municipios, aunque más saludable será que los programas propuestos generen debate.
Para un adecuado choque de ideas, la información será un elemento clave. No pasará lo mismo si lo que se quiere es generar polémica para desprestigiar y desgastar al adversario con denuncias, precisamente calentadas por el afán electoral. La estrategia de la “guerra sucia” no siempre genera resultados en favor de los postulantes que la promueven.
Durante la campaña de los comicios de octubre, desde los medios de comunicación se han promovido espacios de debate a partir de las propuestas de los aspirantes. No obstante, la iniciativa no fue coordinada y así la información en favor del votante no llegó a ser completa, según los resultados de la evaluación que hizo la Plataforma Ciudadana por el Voto Informado y Transparente, un conglomerado institucional vinculado con la defensa de los derechos humanos y las libertades.
“El sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus aptitudes y capacidades, durante el periodo que precede a unas elecciones(…). Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los aspirantes a cargos públicos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar”, estableció hace ya tres años la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, precisamente sobre el ejercicio de las libertades políticas.
La experiencia electoral reciente ha estado marcada en Bolivia por la propaganda electoral y no tanto por el debate. Con más recursos que otras fuerzas políticas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los aliados de Unidad Demócrata (UD) usaron esta ventaja para posesionar sus ideas y mensajes, en muchos casos sensacionalistas y alejados de la verdad.
Ahora, la lid que se avecina es mucho más compleja y diversa. Cerca de 15.000 candidatos para 2.529 cargos a alcaldes, gobernadores y legisladores regionales estarán dispuestos a mostrar la potencialidad de sus planes para conquistar el voto de la ciudadanía en los comicios subnacionales del 29 de marzo.
Seguramente, los medios de comunicación mostrarán las propuestas, pero también lo debe hacer el TSE, con una estrategia de comunicación al cobijo del derecho de la ciudadanía a estar adecuadamente informada. Sin embargo, no existe una normativa que regule los debates electorales, esa contraposición de ideas necesaria para la democracia.
