La Cancillería nacional ha negado las versiones llegadas del periódico chileno La Tercera en sentido de que hubiese una oferta secreta enviada por nuestro país “para negociar una salida al mar a cambio de bajar la demanda”. Ese diario había comunicado asimismo que por “altas fuentes” se conocía que: “Entre el 18 y 19 de diciembre, la Cancillería boliviana, de manera informal, hizo llegar a Chile un mensaje. La Paz expresaba su voluntad de abrir una negociación bilateral para la obtención de un enclave con soberanía al norte de la caleta de Pisagua, junto a la quebrada de Tiliviche”. Ante dicha noticia, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado públicamente que “Bolivia no ha hecho llegar a Chile ningún mensaje ni formal ni informalmente”. Y ha agregado que la demanda continuará “en los plazos previstos por ese alto tribunal”.
El asunto del enclave no es cosa nueva en la historia de nuestras relaciones con Chile. Basta recordar que en diciembre de 2010 hubo noticias provenientes de Santiago donde se informaba que el presidente de entonces, Sebastián Piñera, habría rechazado un preacuerdo estipulado durante el primer gobierno de la señora Bachelet. Este documento habría sido redactado por la Cancillería boliviana y debía ser corregido por la chilena.
La base del acuerdo sería la entrega de un enclave a Bolivia en un punto entre el sur de la quebrada de Camarones y el norte de Iquique, pero sin soberanía. La zona comprendería una caleta deshabitada de una dimensión de hasta 400 km cuadrados, con el fin de que se pudiese instalar un eje urbano. Se dice que las negociaciones avanzaron tanto que tres técnicos bolivianos, acompañados por tres chilenos, habrían viajado a ese lugar. En esa caleta, Bolivia podría construir un puerto, el cual tendría una gran limitante, ya que solo serviría para la comercialización de minerales como hierro y litio, y no para la carga en general. El gobierno de la señora Bachelet no deseaba que ese puerto hiciera competencia a los de Arica o de Antofagasta.
Felizmente el gobierno de Piñera rechazó entonces esa absurda propuesta. Ella hubiese sido muy desgraciada para Bolivia, ya que dicho enclave, junto con Ilo, Puerto Rosario y otras zonas francas conferidas a nuestro país, se habría constituido en un remedio apenas simbólico.
Cabe señalar que un enclave no quedaría vinculado territorialmente al país. Y eso es muy negativo, pues en Bolivia hay un anhelo de poseer un puerto soberano conectado a la nación, como sucedió en la negociación de Charaña, cuando Chile ofreció un corredor al norte de Arica con plena soberanía.
Es menester recordar que durante el gobierno de Ricardo Lagos, Chile nos ofreció un enclave en el puerto de Patillos, cerca de Iquique, sin soberanía, pero con gran autonomía. Esa concesión se otorgaba como una mayor facilidad de tránsito, pero nunca se habló que ella se constituyese en una solución del problema marítimo nacional. Además, ese puerto tenía un fin específico, la instalación en él de plantas de licuefacción para exportar gas a ultramar.
Si el puerto de Patillos, con todas las facilidades que se dispensaba, no fue aceptado por Bolivia, entonces, ¿cómo se puede pensar que ahora se esté negociando otro enclave en peores condiciones y poniendo como retribución la retirada de nuestra demanda en La Haya? Por ello se puede decir que nuestra Cancillería ha actuado muy bien al haber rechazado categóricamente toda relación con el enclave.
La única solución aceptable del problema marítimo es lo ofrecido por Chile en la negociación de Charaña. Mediante nota de 19 de diciembre de 1975, el Gobierno chileno determinó ceder a Bolivia un corredor al norte de Arica. Ese corredor incluía el ferrocarril de Arica a La Paz, el aeropuerto de Chacalluta y el camino de Arica a Visviri, vinculado al de Charaña a La Paz. En cuanto al Litoral, éste comprendía de 8 a 10 km, lo que hubiera permitido la construcción de un puerto tan amplio como el de Arica, que solo abarca un kilómetro y medio.
