Días atrás, coincidiendo con el fin de la legislatura, la Asamblea Legislativa Plurinacional presentó el fruto de más de un año y medio de investigación sobre los procesos de capitalización y privatización de las empresas estatales entre 1989 y 2000. El presidente de la Asamblea y Vicepresidente del Estado ha reconocido que la indagación aún no está completa.
Aun así, el resultado de esta primera fase de la investigación, que según las y los legisladores involucrados en el proceso continuará entre 2015 y 2020, ha arrojado evidencia para iniciar dos procesos contra 13 exautoridades, entre ellas Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina, así como los ministros que impulsaron el proceso de capitalización de las empresas estratégicas del Estado.
La primera demanda es por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la entrega de recursos gubernamentales a la institución privada Fundación para la Producción (Funda-Pro), una operación autorizada por el exministro de Planeamiento Samuel Doria Medina. Además de él están acusados Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reynaldo Peters, Arturo Beltrán y Flavio Escóbar.
La segunda proposición acusatoria es por los mismos delitos mencionados anteriormente en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe). Los acusados son Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Peters Arzabe, Gonzalo Apcha, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez.
Ambos documentos fueron entregados el viernes a la Fiscalía General del Estado, instancia que en 30 días deberá emitir un informe que luego será devuelto a la Asamblea Legislativa, que deberá autorizar o rechazar el inicio de un juicio de responsabilidades contra esas 13 exautoridades.
Las y los asambleístas que impulsaron la aún inconclusa investigación afirmaron que sus sucesores deberán continuar este trabajo para encontrar a los responsables de haber privatizado o capitalizado las empresas del Estado, entre ellas YPFB, Entel, ENDE, Fancesa. Esa misma tarea encomendó el vicepresidente García Linera a los asambleístas que asumirán sus funciones, pues los 11 años de privatizaciones y capitalización “no pueden quedar impunes”.
Uno de los acusados, el también excandidato a la presidencia Samuel Doria Medina, afirmó que en el proceso de investigación no se le dio la posibilidad de presentar descargos o argumentos en su defensa, y el exministro de Trabajo Reynaldo Peters dijo que los investigadores confunden privatización con capitalización, dos procesos diferentes.
A la nueva Asamblea le queda un gran trabajo por delante, pero sobre todo la enorme responsabilidad de asegurar que la investigación sirva para aplicar justicia y no una simple venganza política.
