En su discurso de posesión, el Presidente del Estado hizo, como cada 22 de enero, un detallado repaso de los indicadores sociales y económicos, mostrando en todos los casos avance y crecimiento, y también habló de sus proyectos para la gestión que comenzó ese día. No es previsible un giro en la conducción del Estado, pero sí hay aspectos que deben profundizarse.
En efecto, además del más importante reto, la reducción de la pobreza, el Gobierno tiene en frente otras tareas impostergables. Habló el Primer Mandatario de mejorar la educación, particularmente en la reducción de la deserción escolar en secundaria y en la formación de profesionales capaces de hacerse cargo de las metas de industrialización propuestas en la Agenda 2015 y, fundamentalmente, de la soberanía tecnológica. Las universidades públicas y privadas deben, pues, ponerse a la altura de este desafío.
En materia de salud prometió el Presidente la construcción de hospitales de cuarto nivel, pero sobre todo de garantizar la cobertura plena de los seguros de salud. Hará falta mucho más que infraestructura, puesto que se sabe de casos de hospitales públicos que carecen de instrumental y, sobre todo de personal médico y paramédico. Gobernaciones y gobiernos municipales deben trabajar más y mejor en este sentido.
También se refirió Morales a la necesidad de cambiar la Justicia. Es un tema abundantemente debatido y aparentemente existe voluntad política de hacer algo al respecto. En los últimos meses se ha reconocido que la elección popular de autoridades del Órgano Judicial no fue la solución a los problemas de retardación y falta de acceso a la justicia. Anunció, en este sentido, que se convocará a una “cumbre” con la sociedad civil y las instituciones del Estado para diseñar una propuesta que será llevada a referéndum. Paralelamente, se buscará “dignificar la abogacía”, ya que es evidente que el problema tiene sus raíces en el modo en que jueces y abogados conducen la gestión judicial.
Finalmente, y aunque esto no fue parte del discurso presidencial, se debe mencionar como el gran desafío de la nueva gestión gubernamental la construcción de una nueva institucionalidad. Desde 2009, cuando se promulgó la nueva Constitución Política del Estado, hubo importantes transformaciones en las instituciones gubernamentales, pero queda mucho por hacer, comenzando por la elección de autoridades titulares en todas las instituciones y continuando por la cualificación de los recursos humanos. El capricho político y las designaciones por cuoteo son contraproducentes cuando el Estado es tan grande como el actual.
Hay mucho qué hacer al margen de lo ya logrado, y todo ello tiene que ver con la capacidad que tengan los tomadores de decisiones de poner por encima de cualquier consideración político-partidaria el bien mayor, que es el bienestar de toda la población.
