Las expresiones racistas aparecidas en las redes sociales enunciadas por algunos pobladores de la zona Sur en contra de los habitantes de El Alto que ocasionalmente visitan el barrio de Irpavi deberían ser tomadas como trascendentales y no normales, no solamente por el bien de la convivencia social y de respeto al otro, sino también para medir los alcances del proyecto descolonizador que lleva adelante el Gobierno, y para evaluar la efectividad de un marco legal impuesto para prevenir tales atrocidades. Específicamente la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que, a diferencia del resto de los países latinoamericanos firmantes del convenio internacional, debería ser toral en el país por las condiciones políticas e ideológicas por las cuales éste atraviesa.
Y es que lo acaecido en la zona Sur no solamente representa un problema de conducta, que es el modo en cual se pretenden disfrazar las expresiones racistas, sino que el hecho mismo refleja aspectos referidos por los teóricos bolivianos de la descolonización, los cuales sin embargo parecen haber abandonado su proyecto en el ámbito de la educación formal.
Así, reflexionando el problema desde Michel Foucault, un autor que por cierto es fundamental para esos teóricos, las expresiones discriminatorias aparecen asociadas a una genealogía del racismo que relaciona el problema no únicamente a un asunto de subjetividad, sino también de base material, ya se funda en la apropiación de los espacios, se configura en tanto orden a través del encapsulamiento social que reproduce una serie de costumbres, y se configura a través del rechazo hacia el otro. En ese sentido, el racismo deviene como “continuación de una guerra de razas, en tanto extensión de un orden reclamado como propio por sobre otros”. Y esta idea parece tan adecuada a nuestra realidad que la constitución de la residencial zona Sur representa precisamente la continuación de la confrontación de razas bajo la cual surgió la ciudad de La Paz y que tenía a indios y blancos separados por un río. Además, esta división no solamente era geográfica, sino también política, por lo que “sobre la sociedad compuesta por dos grupos extraños por lengua o por derechos, se expandieron oposiciones binarias que constituyeron al cuerpo viviente de la sociedad en dos partes hostiles”. Lo bueno frente a lo malo, lo ordenado frente a lo caótico, lo cálido frente a lo frío, lo arcaico frente a lo moderno, lo civilizado frente a lo incivilizado, lo indio frente a lo blanco definió justamente el sentido de un orden que “hace surgir a los desviados mediante el desciframiento de las asimetrías (…) con fines de conservadurismo social y, en algunos casos, de dominación colonial”.
Por ello, el histórico enseñoramiento del Estado por parte de las clases dominantes permitió la legitimación de ese orden, derivando en un “racismo de Estado”. Y en las actuales condiciones, la relativa pérdida de control de ese Estado parece ahondar el encapsulamiento social de esas clases asentadas en la zona Sur, las cuales aparentemente ejercen sobre sí una especie de autoconfinamiento o de clausura de operación identitaria que hace que “el racismo en ese contexto reaparezca no como despliegue y reforzamiento del poder sino como crítica, ataque y reivindicación de ese poder que ahora no les pertenece”, del todo.
Por tanto, la cuestión del problema no estriba en dar a conocer la contabilidad de 500 denuncias de discriminación y racismo o de suponer su solución con carteles y educación ciudadana, sino de evaluar un proyecto y medir el alcance de una ley que, contrariamente a sus proponentes, no parece abordar el racismo como un producto histórico, sino como un simple asunto de actitud individual.
