En los últimos días, a raíz de la demanda iniciada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), los medios de comunicación publicaron una serie de noticias sobre hackeos de páginas web de entidades gubernamentales en Chile y Bolivia, que supuestamente son obra de piratas informáticos chauvinistas de un lado y otro de la frontera.
Estas noticias, que no pasarían de curiosidad si sus implicaciones no fueran realmente serias, ponen en evidencia la fase más elemental y visible de la inseguridad de las comunicaciones vía internet de algunas instituciones públicas. Lo que no se ha hecho público son los niveles de vulnerabilidad y los eventuales ataques que las entidades gubernamentales habrían sufrido en la información digitalizada y de las comunicaciones que ya no son visibles como las páginas web.
En Bolivia aún no existe una cultura de protección de los contenidos digitales privados, lo cual incluye a las comunicaciones vía correo electrónico o chat, a pesar de que intercambiamos y almacenamos gran cantidad de información institucional y personal.
Se pueden identificar al menos tres ámbitos en los que se debería revisar los niveles de inseguridad: los correos electrónicos, el almacenamiento de información en la red y las populares redes sociales. Estos tres ámbitos son sensibles especialmente en el Gobierno, donde se maneja además de información pública datos confidenciales que tienen que ver con asuntos de Estado.
Con relación al primer punto, la seguridad de nuestras comunicaciones se ve seriamente en riesgo en la medida que utilizamos (por comodidad y rapidez) los populares correos gratuitos, incluso para nuestras comunicaciones oficiales. Como ya se sabe desde hace tiempo, los servidores de estos correos se encuentran en Estados Unidos y, por lo tanto, las agencias estatales de seguridad de aquel país tienen mecanismos legales y técnicos para acceder de manera ilimitada a los contenidos que en ellos se encuentran.
Asociado a lo anterior está el ejemplo del almacenamiento de datos en la nube. Este servicio se ha convertido en una necesidad para el incremento de la productividad y de la velocidad de acceso y dotación de servicios informáticos. Bolivia no tiene una oferta fuerte de computación en la nube y, en ese sentido, las entidades deben comprar servicios fuera del país, poniendo información que puede ser sensible en servidores que no están bajo control nacional.
Finalmente está el uso de las redes sociales. En ellas se difunde bastante información personal sin ninguna cortapisa, por lo que a un extraño solo le toma un poco de paciencia acceder al perfil de los usuarios, para conocer una serie de detalles privados que de ninguna manera divulgaríamos en la calle. Tienen la palabra las autoridades sectoriales.
