Durante la última semana, autoridades del Ministerio de Economía anunciaron que para la presente gestión el sistema de intermediación financiera (conformado por el universo de bancos, mutuales, cooperativas e instituciones financieras de desarrollo) debe asignar $us 1.200 millones en cartera de créditos dirigidos al sector productivo nacional y vivienda social.
El cumplimiento de la norma establece además que las entidades deben destinar, en un plazo de cinco años, el 60% de su cartera a ambos sectores. Si bien la medida tiene el objetivo de promocionar la industria nacional en todas sus escalas, su éxito debe estar enmarcado en un esfuerzo de armonización tripartita entre los actores del sector público, la banca y los productores, para que desde la esfera del financiamiento se canalicen recursos crediticios que tengan como fin fomentar al sector económico con el mayor potencial para la creación de valor agregado y empleo formal.
Los mecanismos normativos y operativos que se empleen para el logro de este cometido deben ser meticulosamente estructurados, a fin de evitar que los nuevos préstamos sean asignados de manera ineficiente, discrecional y asumiendo mayores riesgos. Este cuidado es necesario porque, en esencia y circunscrito al espíritu de la Ley de Servicios Financieros, el Estado debe sustituir al mercado en áreas en las que existan asimetrías e inequidades. El financiamiento al sector productivo es sin duda una de ellas.
Sin embargo, el crédito en sí mismo no constituye ni constituirá la única variable catalizadora del desarrollo productivo. Es más, está demostrado que en un orden de necesidades empresariales, el financiamiento con recursos de terceros se ubica en un segundo plano de prioridades. Esto implica que, aunque se otorguen préstamos con una tasa de interés del 0%, no es garantía de que el emprendimiento productivo alcance una escala que asegure su estabilidad en el tiempo.
Asimismo, resulta necesario que las autoridades responsables de la planificación económica aporten con la creación de políticas y mecanismos de fomento no financiero, tales como la apertura de mercados, tecnificación del talento humano, certificación de procesos de calidad y seguridad jurídica. Estos factores, además del crédito, hacen a la integralidad del soporte necesario para fortalecer al sector productivo.
Es el momento de profundizar el apoyo financiero y no financiero que requiere el sector productivo boliviano, porque hasta ahora los tímidos intentos de la banca privada y pública de financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas del rubro no han tenido mayor impacto; entretanto, la realidad muestra un país repleto actividades informales terciarias de poco valor agregado y con subutilización de la mano de obra.
