Durante la primera semana de mayo seguramente se dará comienzo, en La Haya, a la fase oral de la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), bajo la dirección de su flamante presidente, el juez francés Ronny Abrahams (63), electo el 6 de febrero pasado. Abrahams, jurista notable, pasó con brillo por las grandes escuelas parisinas, la Cancillería gala y la cátedra, donde queda en mi memoria su ponencia sobre “los efectos colaterales en los contenciosos de los derechos de los extranjeros”. Ocasión en que trajinó galanamente por los vericuetos legales, derrochando talento y regalando su erudición sin retaceo alguno.
Llegado el día “D”, el duelo lo iniciará el agente chileno, Felipe Bulnes, quien secundado por su equipo de abogados expondrá los elementos por los que se impugna la competencia de la CIJ para tratar el caso impetrado por Bolivia. En una segunda jornada corresponderá a su contendor boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, refutar la argumentación mapochina. Y si no se considera necesaria una prolongación en los alegatos, los 15 jueces detentadores de otras tantas nacionalidades, envueltos en sus negras túnicas, pasarán a debatir la controversia, siguiendo un complicado ritual interno —ineluctable— para llegar, mediante voto manifiesto, al veredicto final e inapelable, producto del choque de diversas escuelas de pensamiento jurídico, de peculiares percepciones europeas, americanas, asiáticas y africanas. Recuérdese que en la CIJ, a los cinco jueces originarios de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China), se unen otros diez, procedentes en el periodo actual de Somalia, Japón, Eslovaquia, Marruecos, Brasil, Italia, Uganda, India, Australia y Jamaica.
A mi modo de ver, el fallo optará por uno de estos tres caminos: a) La CIJ se declara incompetente para conocer el caso (tesis chilena); b) la CIJ afirma su potestad para dirimir en la contienda (posición boliviana); o finalmente c) la CIJ decide no pronunciarse sobre su competencia hasta no conocer a profundidad la demanda planteada por Bolivia y las razones de Chile para impugnarla. Al cabo de ese trance, cuyo procedimiento puede durar años, recién la CIJ vería si efectivamente procede pronunciarse al respecto. Ese escenario daría lugar a: 1) La CIJ se declara incompetente, en cuyo caso Bolivia no tendría más remedio que retomar la vía bilateral. 2) La CIJ atiende positivamente la demanda boliviana y obliga a Chile a entablar negociaciones bilaterales acerca de la concesión de una “salida soberana y útil al océano Pacífico”.
Esta segunda posibilidad, sin embargo, podría dar origen a que Chile represente esta decisión, incluso siendo inapelable, como aconteció en 1984 en el caso Estados Unidos vs. Nicaragua, en que el primero fue condenado por la CIJ a pagar compensación al Gobierno sandinista por haber emprendido ciertas acciones desestabilizadoras contra ese régimen, que incluían el minado de sus puertos. Ante ese fallo negativo, Washington resolvió retirar su declaración de aceptar la jurisdicción del Tribunal Internacional.
En otro nivel, en todo momento, podría examinarse una solución extrajudicial, evocada quizá en el encuentro celebrado entre los mandatarios de las partes en conflicto, en oportunidad de la cumbre de la Celac en Costa Rica, ésta es volver a la mesa de conversación bilateral con una agenda sin exclusiones.
Es cientista político y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
