La primera reunión del Consejo Nacional Autonómico, compuesto de manera asimétrica por autoridades del nivel central, departamentales y municipales, ha puesto de manifiesto las grandes discrepancias conceptuales y políticas respecto del contenido y alcances del proceso de descentralización determinado por la nueva Constitución Política del Estado, y uno de cuyos componentes mayores es el pacto fiscal.
Como es ampliamente conocido, la convocatoria al diálogo para el pacto fiscal fue postergada durante varios años por el Gobierno con variados argumentos, no obstante que se trata de un componente esencial del proceso constituyente y del fortalecimiento de la democracia en el país. Es por eso que desde hace tiempo un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ha venido reclamando que se inicie la deliberación conducente a la redefinición en profundidad de la política fiscal, sus principios centrales y sus pautas de recaudación de ingresos, por un lado; y de asignación del gasto y la inversión, por otro.
Esta demanda perseguía el cumplimiento de un mandato constitucional que tenía fecha establecida, pero argumentaba también que era más oportuno aprovechar la holgura fiscal imperante a la sazón para llevar a cabo todos los cambios necesarios en cuanto a fuentes y destino de los recursos administrados por el Estado. Sostiene asimismo que una discusión de tales alcances requiere contar con ciertos soportes programáticos, tales como una visión sobre el desarrollo económico a largo plazo, un catálogo de objetivos nacionales, así como un marco institucional apropiado y un sistema de responsabilidades y competencias para los diferentes actores públicos y privados.
La demanda del pacto fiscal planteada desde la sociedad civil tiene por consiguiente un alcance mucho mayor del que le atribuyen los representantes de algunos departamentos, por una parte, y la propia convocatoria actual del Gobierno, por otra. Las diferencias de ambos enfoques no solo estriban en cuanto a la reasignación de la coparticipación tributaria entre los niveles territoriales más las universidades públicas, dejando por fuera de la discusión las regalías, el IDH y otros impuestos, tasas y aranceles. Es decir, no se trata de redefinir únicamente las responsabilidades y competencias de la administración del gasto corriente y de la inversión pública. Lo más importante del pacto fiscal consiste en realidad en la reformulación integral de la política fiscal desde el lado de las recaudaciones, habida cuenta de las enormes distorsiones y asimetrías que caracterizan al país en esta materia.
Los fundamentos de la tributación vigente se originan en la Ley 843 de reforma tributaria de 1986, actualizada posteriormente en varios aspectos, y complementada luego parcialmente con la introducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esto en lo que se refiere a los ingresos. En materia de responsabilidades de la ejecución del gasto, las pautas correspondientes fueron establecidas por la Ley de Participación Popular, siguiendo el criterio de población, así como por las disposiciones emergentes de la aplicación del Programa HIPC, según niveles de pobreza.
Si se examina el cuadro completo de la composición de los ingresos y los gastos del Estado en todos sus niveles, difícilmente se puede afirmar que se cumplan los principios de equidad, eficiencia, promoción de la productividad y afianzamiento de la cohesión social. Las enormes distorsiones fiscales han pasado desapercibidas en la época de la bonanza, pero seguramente pronto se harán manifiestas y dificultarán la discusión democrática de la magnitud de los recursos que está dispuesta a proporcionar la sociedad para que el Estado le proporcione los servicios, los equipamientos y la infraestructura que requiere.
Es economista.
