Hace un mes, Alberto Nisman, el fiscal encargado de investigar el peor atentado terrorista ocurrido en Argentina en 1994, en el que murieron 85 personas, anunció que tenía elementos para acusar a la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento. No obstante, pocos días después apareció muerto y su sucesor acaba de presentar una imputación formal contra la Mandataria.
Con elementos dignos de una película de espías, el caso ha tenido ocupada a la opinión argentina, sobre todo considerando que los medios de comunicación más importantes, y también los más acérrimos opositores al régimen de Fernández, se han encargado de mantener el tema al tope de la lista de interés público, brindando información y opinión claramente orientadas a poner en cuestión las intenciones del Gobierno.
Hasta donde se sabe, Nisman, quien investigó durante diez años el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron decenas de personas y muchas más resultaron heridas y cuya autoría se atribuye a las autoridades iraníes de entonces, recibió abundante apoyo de las agencias de inteligencia argentina y estadounidense (CIA); y pese a que en 2005 la ahora Presidenta apoyó la proposición acusatoria contra las autoridades iraníes y, es más, que antes de eso fue el expresidente Néstor Kirchner quien lo nombró como responsable de la investigación con total apoyo del Ejecutivo, anunció en enero que tenía elementos de convicción para acusar a la Mandataria argentina, a su Canciller (quien irónicamente profesa la fe judía), y a otras personalidades del poder, por complicidad y encubrimiento.
Si el anuncio por sí solo daba para abundante polémica, mucha más causó el hallazgo del fiscal muerto por presunto suicidio días después de su acusación. Los medios de comunicación opositores han alimentado la hipótesis de que no fue suicidio, sino acción del Gobierno, y muchos otros medios han demostrado que Nisman siempre jugó a favor de los intereses de la Embajada de EEUU. También, luego de la muerte del fiscal, la Presidenta ordenó la publicación del documento acusatorio preparado por Nisman, en el que no se encuentra ninguna evidencia de la supuesta protección de Fernández de Kirchner a los iraníes acusados por el atentado.
El Jefe de Gabinete de la presidenta Fernández ha afirmado que la imputación carece de sustento jurídico y que no debe causar mayor preocupación, pero es evidente que el solo anuncio de que la Mandataria está acusada ante un juez ha provocado un verdadero terremoto político en el vecino país, donde se realizarán elecciones presidenciales en menos de diez meses.
Hay, pues, una clara intencionalidad de afectar al actual régimen argentino, y en el camino se pone en evidencia una serie de estrategias de confusión que no deberá extrañar que se repitan en otros países de la región cuyos gobiernos son calificados de “progresistas”.
