El miércoles se reunió por primera vez el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), cuya misión, en palabras del Ministro de la Presidencia, es la de delinear temas que tienen que ver “con el fortalecimiento del modelo económico, el desarrollo de las capacidades productivas, la diversificación, la industria y todo aquello que requiere de una inversión desde el Estado”.
El consejo, encabezado por el Presidente del Estado, está integrado por 23 autoridades ejecutivas, con la participación de los ministros de Autonomías, Planificación, de la Presidencia y de Economía (la asistencia de este último no estaba contemplada en un principio); los nueve gobernadores; y representantes de las municipalidades, territorios indígenas y entes regionales.
Entre los diferentes asuntos que este grupo de trabajo debe y está abordando, no cabe duda de que el pacto fiscal es uno de los más complejos, pues se trata de un acuerdo para definir la distribución de los recursos financieros entre los diferentes niveles de gobierno, necesarios para poder cumplir con las competencias y responsabilidades del Estado. Y cuando se trata de dinero, desafortunadamente los problemas nunca faltan, pues las ambiciones mezquinas (personales, sectoriales, regionales, etc.) siempre sobran.
Este reto implica distribuir los recursos estatales, provenientes de los impuestos y de las regalías por las exportaciones (principalmente de hidrocarburos y minerales), en pos de una mayor eficiencia, responsabilidad y transparencia en el manejo de la cosa pública. Un acuerdo que, de no ser ejecutado con responsabilidad, podría plantear serios problemas de asignación y de estabilidad macroeconómica.
En efecto, por un lado se debe lidiar con la interpretación de un régimen autonómico ambiguo y complejo que no termina de consolidarse. Complejo por la diversidad de formas de autonomía reconocidas en la Constitución y por la cantidad (cinco) de formas de gobierno; y ambiguo por la existencia de decenas de competencias que necesitan de una mayor precisión, pues muchas de ellas se superponen entre los diferentes niveles gubernamentales.
El costo de la institucionalidad del nuevo Estado constituye otro de los escollos por resolver, ya que se trata de un régimen muy costoso que podría poner en figurillas a las arcas estatales. Antes los gastos se limitaban a tres poderes ejecutivos (nacional, departamental y municipal), un Órgano Legislativo y otro Electoral; pero ahora se busca consolidar un Estado con cinco gobiernos ejecutivos y cinco cuerpos legislativos.
Por si todo ello fuera poco, para evitar que la ampliación de los gastos corrientes y administrativos genere presiones inflacionarias, afectando la estabilidad macroeconómica, se debe garantizar una coordinada y efectiva distribución de responsabilidades e ingresos entre los diferentes niveles de gobierno.
