El jueves de la semana pasada, el Contralor General del Estado reveló que una auditoría al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, o Fondo Indígena como se lo conoce comúnmente, detectó un daño económico de Bs 71 millones por la no ejecución de programas agrarios. El escándalo involucra a una candidata del MAS.
El Fondo está constituido por un Consejo Nacional de pueblos indígenas formado por ocho organizaciones sociales del Conalcam y del Pacto de Unidad, además del Ministerio de Desarrollo Rural, cuya titular es la presidenta de este grupo, aunque según su estatuto tiene voz mas no voto. Entre las organizaciones que son parte del directorio están la Confederación de Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y representantes étnicos del Beni, que “actúan de manera autónoma”. El Fondo recibe el 5% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para la ejecución de proyectos en el área rural.
Según el Contralor, la primera fase de auditoría reveló que el daño económico al Estado se produjo en 153 proyectos que administradores de la entidad nunca llegaron a ejecutar. El caso fue derivado a la Fiscalía para la investigación de los delitos y tres responsables, exdirectores del Fondo Indígena durante el periodo 2010-2013. Sin embargo, la pesquisa también se ampliará a 253 personas más, las y los beneficiarios de dichos proyectos, entre ellos la candidata a la Gobernación paceña por el MAS, escándalo que, previsiblemente, ha sido resaltado por la oposición, que ya se ha ofrecido como parte de una comisión legislativa para investigar el caso.
A su vez, el presidente del Senado anunció ayer que la Ministra de Desarrollo Agrario será convocada a brindar un informe oral ante esa cámara legislativa. Ésta, a su vez, anunció que ha convocado a reunión de las organizaciones indígena originario campesinas para reformar el Fondo, a fin de permitir una participación directa del Estado en su administración y control. La Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción señaló el domingo que hará “seguimiento riguroso” a la indagación del Ministerio Público, y hasta el Jefe del Estado pidió no proteger a dirigentes corruptos.
Se trata, pues, de un caso que puede poner en cuestión no solo la eficacia de la gestión de recursos públicos en manos de las organizaciones indígena originario campesinas, sino la buena imagen que de ellas ha construido el Presidente. Urge, pues, no solo una pronta y correcta investigación, sino sobre todo una ejemplarizadora sanción.
