De acuerdo con el último reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, enero fue testigo de una significativa migración de depósitos del público hacia los bonos navideños del Banco Central de Bolivia (BCB), cuya tasa de interés es del 7% anual, aspecto que hace un año era casi impensable por los elevados saldos de liquidez del sistema financiero.
Como es de suponer, este inusitado fenómeno financiero tiene un beneficiario final: el ahorrista, quien confía sus recursos a una entidad financiera (banco, fondo financiero, cooperativa o mutual), y en este caso al BCB, esperando un rendimiento que al menos le garantice el mantenimiento del valor de su dinero; además del resguardo y acceso a sus recursos en el plazo pactado, a un riesgo casi nulo.
Lo que queda por develar es si este incremento en las tasas de interés de los bonos del BCB logrará incentivar un mayor ahorro e inversión o, por el contrario, se está alcanzando un punto a partir del cual la liquidez comenzará a decrecer. De presentarse este último escenario, las entidades de intermediación financiera se verán obligadas a reducir las tasas de interés pasivas para no captar mayores recursos, y optarán por transferirlos a vehículos de ahorro públicos.
En el primer caso, que es el que más relevancia tiene, el motivo que impulse a la población a ahorrar más no solo debiera depender de la tasa de interés que pagan por los depósitos, también es relevante el instrumento elegido por el usuario que le genere la confianza suficiente para entregarle sus ahorros.
Por tanto, más allá de impulsar u obligar a incrementos de las tasas pasivas de ahorro vía decretos, independientemente de si se trata de una obligación legal impuesta por la autoridad económica o una estrategia de sustitución de agentes de captación pública por privados, es vital reconocer la necesidad de una política integral y consistente para la creación de una cultura de ahorro en la población, que canalice los recursos hacia proyectos y emprendimientos generadores de valor agregado y no en una mera operación de control de liquidez.
La Ley de Servicios Financieros se concentra en la prudencialidad financiera, siempre elemento necesario; la promoción del financiamiento al sector productivo, factor destacable; y la defensa del consumidor financiero, iniciativa loable. Sin embargo, queda pendiente otra vez un capítulo asociado al fomento de una cultura de ahorro. Un verdadero reto, que debiera apuntar a transformar la lógica financiera de la población, por medio de políticas y el diseño de productos orientados a la profundización de la cultura de un ahorro dirigido hacia actividades productivas. De tal manera que la palabra ahorro sea sinónimo de inversión y no solamente un acto de control de saldos líquidos.
