Días atrás, la Defensoría del Pueblo hizo público el informe de su más reciente investigación sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en hogares de acogida públicos y privados. Si meses atrás la muerte de un bebé en circunstancias particularmente trágicas causó gran conmoción en la sociedad, el informe defensorial muestra que no es un caso aislado.
En efecto, una de las conclusiones del estudio señala que “la violencia contra infantes, niñas, niños y adolescentes es un mal endémico de la sociedad boliviana y se inicia prácticamente desde su nacimiento y en su propio hogar para continuar en la escuela, el barrio, la comunidad, etc.”; los datos que respaldan la alarmante cita muestran que solo en 2014 fueron registrados 73 infanticidios (la mayoría menores de 5 años), y 326 casos de violencia sexual, de los que 141 corresponden a menores de entre 0 y 12 años, y 185 son adolescentes de entre 13 y 17 años. Ocho fueron casos de violaciones seguidas de muerte.
Entre 2012 y 2013 fueron reportadas cuatro muertes en casas de acogida, una de ellas por aparente suicidio. El documento hace referencia principalmente a la muerte del bebé Alexander, acogido en el hogar Virgen de Fátima, en noviembre de 2014, quien se sospecha perdió la vida como consecuencia de una violación que aún está siendo investigada. Al respecto, el Defensor del Pueblo manifestó que “este hecho ha evidenciado graves vulneraciones a los derechos humanos del bebé Alexander, tan claras y contundentes que deberían procesarse y sancionarse con la más absoluta celeridad; sin embargo, han desnudado una vez más la absoluta precariedad y ausencia de políticas”.
El marco en el que se producen las múltiples manifestaciones de violencia, señaló la autoridad nacional de derechos humanos, se caracteriza por condiciones “muy precarias, en términos de recursos, ausencia de políticas especiales, falta de personal especializado, y el abandono”. Agregó que en las instituciones de acogida “solo se aplican medidas coyunturales mínimas e insuficientes y el problema continúa”.
Por todo ello, la Defensoría recomendó a la Gobernación de La Paz la institucionalización de los centros de acogida, mayor presupuesto y acciones para la investigación de denuncias sobre maltrato, entre otros. A la Fiscalía pidió encarar una investigación transparente del caso Alexander; y a las defensorías de la niñez y adolescencia, hacer seguimiento de todos los casos denunciados.
Las revelaciones de la Defensoría del Pueblo no deben ser tomadas a la ligera ni ser únicamente motivo para las típicas manifestaciones de conmoción e ira, sino piedra de toque para que el Estado asuma su responsabilidad en el marco de las leyes vigentes. Una sociedad que permite que niños, niñas y adolescentes crezcan en un contexto de violencia está condenada a sufrir terribles consecuencias.
