Tras un silencio hermético de un mes, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, presentó, en sesión plena de legisladores, sus puntos de vista sobre lo sucedido durante casi una década de vigencia del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). Su comparecencia tuvo lugar el pasado viernes 13 y, contra todo mal augurio derivado de la selección de la fecha, estuvo asistida por la buena fortuna. No solamente no fue censurada, sino que ni siquiera ensayó una tímida autocrítica sobre el funcionamiento de dicha entidad. Es comprensible. Nadie puede autocriticar lo que considera ajeno.
De acuerdo con lo explicado por Achacollo, el Fondo Indígena es, en los hechos, una zona estatal capturada por un puñado de organizaciones sociales y sindicales. No lo dijo en esos términos, pero la inferencia me parece lícita. Embarcada en su proyecto de exculpación, la ministra depositó todas las responsabilidades primero en los sindicatos de base y luego en el directorio.
Según su testimonio, un proyecto que carece del aval de este tejido organizacional termina rápidamente desahuciado. Resulta que el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) se entrega a los llamados movimientos sociales. Obvio, es su gobierno y su heroísmo estaría siendo sencillamente recompensado. Por lo explicado, la autoridad solo refrenda las decisiones tomadas por los donantes-beneficiarios; es “una entre nueve”, como se ha dicho con insistencia.
¿No es este un esquema tan perverso como el de la multi-investigada Capitalización?, ¿no nos hemos quejado durante tantas jornadas gloriosas de que el Estado no controlaba lo que se suponía suyo?, ¿acaso en los años 90 no abucheamos con energía la modorra imperante en los directorios de las empresas capitalizadas?
Pues no, el esquema del Fondo Indígena es sencillamente peor. En las empresas capitalizadas los representantes del Estado fueron negligentes y descuidaron los intereses nacionales. En el directorio del Fondo Indígena los que otorgaban beneficios eran los que los recibían y vigilaban. Esa es la definición rigurosa de lo privado.
No nos cuenten entonces que avanzamos hacia la “comunitarización” y la gestión colectiva de los bienes comunes. Por confesión propia, lo indígena se ha reducido a una credencial para disponer de un porcentaje fijo de las rentas gasíferas y el Fondioc funge como gran borrador de los linderos que separaban sanitariamente al Estado de la sociedad. Los efectos nocivos de este engranaje se han hecho visibles en pocas horas. Cuestionada por el periodismo, la ministra dijo que quienes la atacan también manejaron proyectos y no los han concluido. Los dirigentes Adolfo Chávez, su esposa y Rafael Quispe habrían administrado casi Bs 3 millones. Lo dijo Achacollo. Claro, ni un centavo de esos era suyo, y aquellos que debían supervisar, controlaban lo que ellos mismos se asignaron.
