Hoy es un día muy importante para cientos de personas en Bolivia, aun cuando el calendario no registre ninguna celebración oficial. Sobrevivientes de torturas y detenciones arbitrarias y familiares de personas desaparecidas durante los regímenes militares que gobernaron al país entre 1964 y 1982 presentan sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
En efecto, representantes de la Plataforma de Luchadores Sociales, la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), el Movimiento Mujeres Libertad y la Unión Nacional de Víctimas de Violencia Política exponen la falta de atención que las autoridades bolivianas han prestado a sus reclamos durante años. Sus pedidos son claros. Solicitan que se establezca una comisión de la verdad que arroje información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquellos oscuros años.
Según datos aportados por Asofamd, se estima que aproximadamente 150 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Bolivia. Otras 40 de nacionalidad boliviana habrían sido detenidas en otros países de la región y posteriormente desaparecidas en el contexto del Plan Cóndor. En Bolivia sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de las personas desaparecidas. Tampoco hay un reconocimiento de la magnitud de la represión vivida por cientos —quizá miles— de mujeres y hombres sometidos a torturas, detenciones arbitrarias y, en varios casos, condenados al exilio.
Las víctimas insisten en que si países vecinos han podido dar algunas respuestas a sus propias víctimas, ¿por qué no es esto aún posible en Bolivia? Hasta el momento, el país ha fallado en investigar los hechos y en buscar y sancionar a los presuntos responsables. Con la excepción del juicio y condena al expresidente Luis García Meza y a sus colaboradores por los crímenes cometidos durante su régimen (1981-1982) —sin duda un juicio histórico para Bolivia y el continente—, la mayoría de las violaciones de los 18 años de regímenes militares y autoritarios siguen impunes. Hay pocos procesos judiciales abiertos y la confianza en el sistema de justicia es mínima.
Las autoridades tampoco han dado una respuesta adecuada al derecho de las víctimas a una reparación integral, que incluya medidas para su rehabilitación por el trauma y las violaciones sufridas, indemnización y restitución, entre otras. Los resultados de un proceso de reparación que empezó en 2004 y que duró ocho años arrojaron más frustración que alivios.
En 2012, las autoridades reconocieron que 1.714 víctimas de abusos cometidos durante los regímenes militares tenían derecho a una reparación; pero el proceso para acceder a tal compensación resultó una pesadilla para muchos sobrevivientes. Tuvieron que enfrentar obstáculos que incluyeron plazos demasiado estrictos para aportar documentación y la obligación de presentar pruebas muy difíciles de conseguir, como fechas exactas sobre la tortura sufrida o certificados de lesiones. Además, la aportación de pruebas recayó única y exclusivamente en las víctimas y sus familiares. Al final, de las 6.200 solicitudes presentadas, más de 4.400 fueron rechazadas, la mayoría por “insuficiencia probatoria”.
Sin embargo, yo asumo que ninguno de estos reclamos debería ser sorpresivo para las autoridades. Bolivia debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con sus responsabilidades ante quienes sobrevivieron tantos años de abuso y olvido y solo reclaman su derecho a la verdad, justicia y reparación. Las promesas ya no son suficientes.
