Al parecer, el Fiscal General del Estado ha decidido limpiar la casa en La Paz. A las acciones emprendidas en las últimas semanas, incluyendo la destitución e investigación de un fiscal acusado por extorsión, ha sumado en los últimos días una “intervención” a tres de las unidades del Ministerio Público en la sede de gobierno. ¿Será la transformación de la Fiscalía?
En efecto, el jefe del Ministerio Público anunció el lunes que, con el fin de controlar y mejorar la atención al público litigante, había decidido intervenir las oficinas de las unidades Económica Financiera, Anticorrupción y la Plataforma de la Fiscalía Departamental de La Paz. Según dijo, para llevar adelante este trabajo, un equipo de fiscales de Sucre lo acompaña, el lunes y martes en las oficinas de La Paz y hoy en las de El Alto.
En los casos de las unidades Anticorrupción y Económica Financiera, además de controlar los cuadernos de investigaciones, se verificará el lugar dónde se encuentra el fiscal, incluso, dijo, si éste salió de su oficina para asistir a una audiencia, se irá hasta el juzgado para comprobar que el funcionario cumple con su labor, agregando que, cada vez que se detecten irregularidades, como la ausencia inexplicable de los funcionarios, se adoptarán las medidas necesarias, sin detallar a qué tipo de medidas se refiere.
En cuanto a la unidad de Plataforma, que es donde se inicia cualquier trámite en el Ministerio Público, el Fiscal General anunció que además de verificarse el trabajo, se impulsará la informatización de la oficina, para que todos los casos que ingresen sean sorteados de manera rápida, a fin de que el litigante tenga respuesta en el mismo día o, máximo, en 24 horas, a fin de agilizar el proceso.
Sobre la evidente sobrecarga procesal que tienen las y los fiscales en La Paz y El Alto, que atienden cada uno entre 1.000 y 1.500 casos, la autoridad se limitó a confirmar que en la oficina departamental trabajan 125 operadores, sin llegar a señalar cómo se mejorará la atención. En todo caso, anunció que al terminar la semana podrá informar cuántos fiscales serán procesados o destituidos y qué número de procesos alcanzó a revisar en su intervención.
Según sus propias palabras, la intención es “recuperar la confianza en la Fiscalía de La Paz”, tarea urgente, habida cuenta de que el mandato constitucional del Ministerio Público es la “defensa de la sociedad”, cosa que no ha estado sucediendo, al extremo de que la máxima autoridad de la Fiscalía paceña fue denunciada semanas atrás por no pagar alquileres y tuvo que ser su jefe quien la obligue a cumplir con sus responsabilidades.
La señal está dada, pero ciertamente no bastará con “intervenciones”, así sean una vez por mes, para cambiar los males endémicos de la institución, que no solo necesita más personal en calidad de fiscales, sino sobre todo una renovada moral.
