El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, Dennis Racicot, hizo público ayer en La Paz su informe de actividades correspondiente a 2014, éste contiene una síntesis del estado de los DDHH en el país y una serie de recomendaciones al Gobierno para superar los problemas identificados.
En la conferencia de prensa que brindó el alto oficial de las Naciones Unidas para dar a conocer el informe presentado a su oficina en Ginebra, Suiza, hace dos semanas, el tema más destacado fue el estado del sistema de justicia en el país, al extremo que lamentó que el contenido del informe sea similar al presentado un año atrás.
En efecto, Racicot reconoció “nuevos avances, específicamente en la lucha contra la pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición”, así como en lo referido a los derechos a la educación, la salud y el agua; sin embargo, lamentó que “los problemas estructurales y de larga duración de la Justicia (…) no se han corregido (y) continúan siendo el reto para Bolivia, a pesar de que la reforma a la Justicia empezó hace más de cinco años”.
En este sentido, el informe recomienda que las instituciones del rubro, “en coordinación con todos los órganos del Estado, definan un plan integral de reformas judiciales que plantee lineamientos básicos con medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas estructurales”; definir e implementar “una política de transparencia y lucha contra la corrupción en la Justicia”; y que el “Órgano Judicial defina un plan de implementación gradual de la carrera judicial que considere los méritos y años de ejercicio de los jueces en función actual, para asegurar la estabilidad y promover la independencia judicial”.
Relacionada con el tema de la Justicia, la situación de las personas privadas de libertad también es causa de “preocupación” para la OACNUDH. Al respecto se recomienda “que el Estado adecue las condiciones carcelarias a las normas internacionales y que se cumplan los protocolos de detención garantizando la vida e integridad de las personas privadas de libertad”. El incendio en la cárcel de Palmasola también merece una mención en el informe, que sugiere concluir la investigación del suceso.
En materia de derechos de las mujeres, se aconseja la asignación de recursos necesarios para la implementación de las instituciones previstas en la Ley 348. Lo mismo recomienda para el funcionamiento del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
Como suele suceder en este tipo de documentos, el tono no es de reproche, mucho menos de condena, sin embargo, tampoco da muchas razones para que las autoridades se congratulen por lo bien que lo hacen en materia de derechos humanos.
