En febrero, luego de complicadas negociaciones, Grecia logró obtener un plazo adicional de cuatro meses para poder acceder a recursos provenientes de la ampliación del programa de rescate que le fue otorgado en 2010 y 2012 por un total de 240.000 millones de euros ($us 259.000 MM). Si bien la nueva administración griega que asumió a principios del año había manifestado durante la campaña electoral que no recurriría a la ampliación, a fin de evitar someterse a las condiciones que la denominada troika (Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) impuso al anterior gobierno para acceder a los recursos del programa de rescate, la difícil situación de las finanzas públicas griegas obligó al nuevo gobierno a solicitar una extensión del plazo, para poder recurrir a los recursos de la ampliación.
Para obtener el plazo adicional de cuatro meses, el nuevo gobierno heleno presentó a los miembros de la Comisión Europea un plan general de medidas y reformas a ser implementadas. Sin embargo, para acceder a los recursos de la ampliación del plan de rescate sus pares europeos le exigieron presentar un plan más detallado. Desde entonces, el Ejecutivo griego no ha logrado avanzar lo suficiente en presentar dicho plan completo que satisfaga a los miembros de la Comisión Europea y los otros acreedores. Por el contrario, en marzo el Parlamento aprobó sin el consentimiento de sus acreedores una ley contra la pobreza que otorga acceso a electricidad gratis y vales para alimentos a los hogares con bajos ingresos afectados por las medidas de austeridad implementadas por el anterior gobierno, a fin de acceder a los recursos del programa de rescate que tendrían un costo para el fisco de aproximadamente 200 millones de euros ($us 216 millones).
Por otra parte, en la semana que termina, Grecia debe realizar un pago de 450 millones de euros al FMI ($us 460 millones) y otro de 770 millones de euros ($us 831 millones) en mayo y en los siguientes meses debe hacer frente a vencimientos de sus bonos públicos. La semana pasada un ministro heleno manifestó que el Gobierno griego priorizaría el pago de salarios y de pensiones de jubilación al pago que debe hacer al FMI, lo que generó incertidumbre en los mercados, pero posteriormente el Ministro de Finanzas aclaró que Grecia estaba en capacidad de cumplir con el pago al FMI. No obstante, para cumplir con ese pago, el Ejecutivo deberá postergar otros gastos, entre ellos, pagos a proveedores y devoluciones de impuesto a empresas que podrían generarles problemas de liquidez.
La posición de los acreedores es que Grecia solo podrá acceder a recursos frescos cuando aprueben el plan de medidas y reformas que debería terminar de presentar el Gobierno hasta fines de abril. A su vez, la postura de las autoridades de gobierno es que las negociaciones concluirán cuando se alcance un acuerdo que ofrezca a la economía griega la perspectiva de estabilización real y crecimiento sustancial. Lo cierto es que si Grecia no accede a los recursos disponibles en el marco de la extensión al programa de rescate que alcanzarían a los 9.000 millones de euros ($us 9.180 millones) podría entrar en default, con las consecuencias que ello podría generar en la eurozona, incluyendo la posible salida de Grecia de la misma.
Es analista económico y financiero.
