La noticia de que el 50% del cobro de las patentes por sentaje que realiza la Alcaldía alteña termina en los bolsillos de los propios dirigentes gremiales representa una conmoción de grandes proporciones para el tejido social local de esa urbe, pues implica la captura del Estado, representado en este caso por el Gobierno Municipal, a manos de un sector privado en particular.
Lo curioso del asunto es que no es el único ejemplo. En la gestión transitoria del actual Alcalde interino de La Paz ocurrió lo mismo, cuando se posesionó al dirigente local de los carniceros nada menos que como administrador del matadero. De igual manera, semanas atrás circuló una noticia alertando que una fracción del peaje que se recauda en la autopista La Paz-El Alto va a parar a manos del sindicato de transportistas. Y seguramente un trabajo de investigación periodística sobre los sectores gremiales sacaría a la luz más casos como los que aquí se comenta.
En ambos hechos la figura genérica se repite: el sector gremial particular, que debe ser regulado, controla los mecanismos de regulación: los recursos de las patentes en el caso alteño, y el matadero en el caso paceño. Haciendo una analogía simplista, es la figura del ratón que se queda a cargo de cuidar el queso.
En este tipo de situaciones todos quedan en evidencia. Los administradores locales, porque usan los recursos públicos como si fuese su patrimonio personal para empoderar un sector de manera clientelar (es fácil imaginar que a cambio de lealtad política), y por supuesto los dirigentes gremiales, quienes obtienen favores de manera ilegítima, sin ninguna garantía de que esos recursos van a ir en beneficio de todo el sector al que dicen representar y no en favor de unos cuantos bolsillos.
Este tipo de captura gremial del Estado en el ámbito local es prácticamente la misma que aconteció en su momento con las empresas transnacionales, en una escala mucho más grande, con el Estado central, y presionando directamente a las autoridades para generar un marco legal que beneficie a los intereses empresariales, en detrimento de los de la sociedad en su conjunto.
El hecho de que la poco virtuosa relación entre gremiales y autoridades municipales guarde una proporción casi de juguete respecto a lo que pasó entre las transnacionales y el Estado central es apenas un atenuante de una situación que, como señalamos al principio, afecta al tejido social del país.
La ciudadanía tiene muchos motivos para sentirse perpleja ante estos casos de manejo poco transparente y poco legítimo de los recursos públicos. ¿Cómo saber si la próxima manifestación gremial tiene como fin defender los intereses de los asociados? ¿Cómo saber si esa misma manifestación no enmascara una querella por la captura de recursos municipales para los dirigentes?
