Días atrás salieron a la luz pública las gestiones que el fiscal de Viacha, Rudy Terrazas, ha implementado en la Universidad de Mayor de San Andrés a fin de averiguar cuáles son los requisitos para que alguien pueda ejercer el periodismo en general y el periodismo investigativo en particular, y si el periodista Carlos Quisbert, quien estuvo detenido varios días justamente a pedido de Terrazas por supuesta obstrucción de la justicia mientras indagaba sobre el caso del bebé Alexander, tiene una especialización que le permita realizar este tipo de investigaciones.
Llama mucho la atención que una autoridad judicial desconozca que no hace falta tener un título profesional para investigar y dar a conocer a la luz pública actos de corrupción. No hace falta un título, decíamos, porque justamente de eso se trata la libertad de expresión, de poder cuestionar a quienes detentan el poder (estatal, empresarial, sindical, etc.) y de poder investigar lo que sea, siempre y cuando se respete la ley y no se vulneren los derechos de otras personas.
Estamos hablando de un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, cuyo respeto pasa por reconocer la importancia que éste tiene para garantizar la solidez de toda democracia, algo que lamentablemente no siempre ocurre, como en el caso que aquí se comenta.
