El sábado anterior, un ciudadano chino, de apellido Lin, fue asesinado en la puerta del restaurante que regentaba en el Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz por dos sicarios movilizados en una motocicleta. Los familiares presumen que este crimen fue orquestado por una banda de mafiosos, compuesta por súbditos chinos, que se dedica a extorsionar en ese barrio cruceño.
Ciertamente no faltan motivos para formular tal hipótesis. El 20 de abril de 2014 varios varones de esa nacionalidad ingresaron al restaurante de Lin y golpearon a su esposa porque supuestamente se habían negado a pagar la suma que, mensualmente, entregaban a ese grupo como una suerte de “seguro” de protección. Lin denunció el hecho a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y, aparentemente en un nuevo acto de represalia, su hijo de 18 años fue secuestrado días después. No se sabe a ciencia cierta si la familia pagó los $us 50.000 exigidos por su rescate o no, pero el muchacho fue liberado al poco tiempo.
De nueva cuenta el súbdito oriental se contactó con las autoridades bolivianas, y producto de esta segunda denuncia tres ciudadanos asiáticos fueron detenidos acusados de robo y extorsión. Durante la audiencia de medidas cautelares, el 9 de febrero de este año, la mujer del hombre asesinado solicitó garantías al Ministerio Público, argumentando que si liberaban a los responsables, sus vidas estarían en riesgo. Desafortunadamente ese vaticinio se materializó dos meses más tarde.
Ahora bien, puede resultar apresurado afirmar que estamos frente a un hecho que da cuenta de la presencia de mafias extranjeras en el país, especializadas en expoliar a los ciudadanos. Sin embargo, en este caso es mejor pecar de alarmistas antes que de ingenuos. Y es que, como bien se sabe, las mafias pervierten los valores de las sociedades donde actúan, amedrentando a la población con actos de violencia y corrompiendo a las autoridades, con el propósito último de crear una imagen de ingobernabilidad que les permita operar en la impunidad.
Por estas y otras razones, todos los responsables del caso que aquí se comenta deberían ser plenamente identificados y sancionados, no solo los sicarios, sino también los autores intelectuales. De tal manera que se pueda crear un precedente a fin de disuadir a todos aquellos que piensan que pueden expoliar y asesinar a otras personas en el país sin mayores consecuencias.
Adicionalmente sería deseable que, además de reforzar la capacidad de prevención mediante una mayor inteligencia e investigación criminal, la acción policial se complemente con un adecuado sistema de protección a los denunciantes, para que todos los ciudadanos, en caso de ser víctimas de extorsiones, tengan las garantías necesarias para poder presentar una denuncia de manera anónima, junto a una adecuada y efectiva protección.
