No son pocos los que confunden la libertad de expresión con el derecho de poder manifestar, en medios de comunicación o en redes sociales, opiniones que mellan la dignidad de una persona o desinforman a la población, con el fin de obtener réditos personales o empresariales. Por otra parte, nunca faltan individuos que ejercen algún tipo de poder (estatal, empresarial, sindical y otros) que se van tentados a censurar las opiniones de la población, ora para contrarrestar los abusos antes señalados, ora para impedir cambios o evitar que injusticias y actos de corrupción salgan a la luz. Para evitar ambos extremos es necesario recordar que, en un régimen democrático, no se puede impedir que una persona se exprese, pero sí se la puede sancionar por sus mensajes.
Esta reflexión viene a cuenta a raíz de las amenazas vertidas por el Viceministro de Descolonización de iniciar un proceso contra una periodista por permitir la difusión de “expresiones racistas” en su programa radial. Ciertamente las palabras que motivaron tal amenaza son más que reprochables y deberían ser sancionadas. Sin embargo, la autoridad olvida que las opiniones expresadas públicamente son de entera responsabilidad de quien las enuncia, no de su interlocutor. De allí que resulte absurdo procesar a una periodista por una opinión ajena.
