La efectividad del DS 2295, formulado con el propósito de agilizar la nacionalización de mercadería en los puntos fronterizos del país, está siendo puesta en duda, pues las jornadas posteriores a su promulgación se caracterizaron por una caótica atención en las oficinas fronterizas de la Aduana Nacional, lo que derivó en protestas de parte de los importadores y transportistas afectados.
¿Por qué una medida que se suponía iba a agilizar la importación de productos ha generado tanto revuelo precisamente entre quienes en teoría iban a salir beneficiados? La respuesta depende del punto de vista de cada institución o actor involucrado; sin embargo, ha quedado meridianamente claro que, sin una adecuada planificación, una buena intención puede convertirse en una tortuosa y confusa realidad, como la vivida en las fronteras nacionales durante la última semana.
Los objetivos de quienes alentaron la promulgación de la mencionada norma son evidentes: reducir los tiempos de despacho al momento de importar mercaderías, optimizar los espacios de almacenaje de los atiborrados almacenes aduaneros, acelerar la recaudación de gravámenes arancelarios y facilitar el ingreso de artículos clave para la economía: cemento asfáltico, clinker, cemento portland, fierro, tableros de madera, plásticos, alambres y papel en bobinas, entre otros.
No obstante, en una suerte de metafísica popular, la aplicación de la norma ha puesto en evidencia deficiencias (operativas, logísticas y administrativas) de los entes públicos ejecutores, que se vieron superados por los importadores que exigían en frontera una atención eficiente, esto debido a la falta de un sistema adecuado para proporcionar tal servicio.
Fruto de este ch’enko (desorden) generado por la falta de planificación y concertación previa entre la Aduana, importadores, agentes despachantes y la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, surgieron contingencias y trabas innecesarias. Por caso, para ciertos importadores, la desaduanización (nacionalización) en frontera implica contar con una liquidez que no siempre está disponible cuando el camión de mercadería se encuentra en los predios aduaneros; esto implica recurrir a fuentes de financiamiento más costosas, por la premura de los plazos definidos en el decreto para internar la carga.
La necesidad de contar en todo momento con predios de almacenaje es otra de las dificultades; pues, una vez internada, la mercadería pasa de largo las zonas francas rumbo a los almacenes del importador, que no necesariamente están disponibles en ese momento. Tras evaluar los pros y contras de la medida, es evidente que hace falta coordinar junto a los sectores afectados/beneficiados qué acciones inmediatas deberían asumirse para mejorar la eficiencia a la hora de importar. Si nos organizamos, ganamos todos.
