Propios y extraños reconocen la importancia de invertir en educación para progresar colectiva e individualmente, pues es la mejor manera de reducir la pobreza, lograr mayores ingresos y alcanzar una mejor calidad de vida. De igual manera existe consenso en que una educación de calidad pasa por tener maestros y docentes altamente motivados, pero también bien preparados.
En cuanto al primer aspecto, una adecuada remuneración que reconozca la importancia de los educadores para la formación de la sociedad, junto a las condiciones necesarias para enseñar y promover la investigación garantizarían el interés de los docentes, y a la vez atraería al ámbito educativo a personas sobresalientes con vocación de maestros que actualmente prefieren dedicarse a otros rubros con mejores condiciones laborales.
Ciertamente en este aspecto existe aún mucho por mejorar en el país, en gran medida debido a que muchas de las políticas y recursos invertidos para tal efecto se han quedado a medio camino, absorbidos por la burocracia y la corrupción.
En cuanto a la preparación de los docentes, además de facilidades, becas y cursos de capacitación que promuevan su actualización y el aprendizaje de nuevos contenidos y herramientas, la mejor manera de asegurarse que una persona tiene la aptitud y las competencias necesarias para transmitir conocimientos a las nuevas generaciones es a través de exámenes de competencia y meritocracia, junto a evaluaciones periódicas de desempeño.
Pese a estos requisitos, que dicho sea de paso están contemplados en los reglamentos de todas las universidades públicas del país, las autoridades de la Universidad Mayor de San Simón emitieron una resolución que titulariza a los docentes extraordinarios sin examen alguno, utilizando la antigüedad como único criterio de selección.
Esta medida, sumada al bajo nivel de preparación y de compromiso entre algunos catedráticos, al extremo de que asisten a clases muy de mes en cuando, motivó la indignación de los estudiantes de esa casa superior de estudios, quienes decidieron organizarse desde hace un mes para exigir que se cumplan las normas, en pro de una mejor educación.
Previsiblemente quienes se oponen a la titularización de los docentes a través de exámenes de competencia y suficiencia no solamente desconfían de su capacidad para enseñar, sino que además consideran que su derecho a cobrar no viene de lo que aportan en clases, sino que es intrínseco, derivado de su mero ser (profesores).
Si el país desea terminar con una de las mayores injusticias sociales que condena a los jóvenes y niños a no poder adquirir una mejor posición socioeconómica que aquella en la que nacieron, es de esperar que la demanda de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón no caiga en saco roto.
