Como se preveía en el editorial del martes, esta semana la atención del país, probablemente lo mismo que en Chile, estuvo centrada en lo que sucedía en el Palacio de la Paz en La Haya, Holanda, donde por primera vez se encontraron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) los equipos jurídicos de ambos países en el marco de la demanda marítima presentada por Bolivia.
En cuatro sesiones, los equipos jurídicos, encabezados por los agentes acreditados ante el tribunal internacional, Felipe Bulnes de Chile y Eduardo Rodríguez de Bolivia, presentaron argumentos y contraargumentos en la fase preliminar del proceso que consiste en dilucidar si la CIJ tiene competencia para tratar el caso presentado por Bolivia. No es que se trate de un procedimiento regular en esa instancia, sino que Chile intenta evitar el proceso por esa vía.
Según el detallado recuento del enviado especial de este diario a La Haya, experto en relaciones internacionales y maestro del oficio de la diplomacia, la posición chilena, expresada el lunes y el jueves, se basó en intentar demostrar que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 tiene una vigencia de más de 111 años y que en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá, adoptado el 30 de abril de 1948, la CIJ debería declararse incompetente para considerar la demanda. De lo contrario, sostuvo el agente chileno, “se destrozaría la razón de ser de dicho pacto, comprometiendo la paz de América”. Otro punto repetitivo en los alegatos del equipo chileno fue denunciar la “verdadera naturaleza oculta” de la demanda boliviana: revisar el Tratado de 1904, para satisfacer la “aspiración” largamente anhelada de contar con una salida soberana al mar.
A su vez, el equipo boliviano reafirmó que Bolivia respeta el principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga), pero recordó que, paralelamente, existían otros instrumentos diplomáticos a los que los juristas que representan a Chile no se refirieron en absoluto. Se trata de cartas, declaraciones, memorandos, reuniones bilaterales y otros que se intercambiaron entre las partes por más de 100 años, ante lo cual Bolivia no vio otra opción que acudir ante la CIJ en busca de justicia y como último recurso hacia la pacífica solución de esa disputa.
Al final de las sesiones, se les preguntó a las dos delegaciones qué entienden por “acceso soberano al mar”, idea no reconocida en el derecho internacional, y se les dio hasta el miércoles 13 para responder por escrito. Luego de ello, la CIJ tomará un tiempo prudente para declarar si es o no competente para ver el caso.
Mientras tanto ha quedado en el país una sensación de ilusión basada no solo en la solidez de los argumentos esgrimidos, sino también por la calidad profesional del equipo que representa al país. Se trata solo de la primera fase de un proceso de suyo largo, pero sin duda hay razones para el optimismo.
