Días atrás salió a la luz pública la intención de marginar en el Chapare a todos los cocaleros que decidieron participar en las justas electorales del 29 de marzo con una organización política diferente al partido oficialista, expulsándolos de sus respectivos sindicatos y negándoles el “derecho” a cultivar la hoja sagrada.
Según denunció el excandidato a la Alcaldía de Shinahota por la agrupación Unidos por Cochabamba, el viernes soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta erradicaron sus plantaciones de coca, cumpliendo parcialmente las amenazas antes mencionadas. De confirmarse esta denuncia, representaría una clara y lamentable vulneración al Estado de derecho, pues no otra cosa significa condicionar el derecho a trabajar y el poseer una propiedad privada al hecho de pertenecer o no a una organización —política o sindical— en particular. Es de esperar que prime la razón y sobre todo el respeto a la ley en el trópico de Cochabamba.
A su vez, las autoridades de gobierno no pueden perder de vista que es obligación del Estado garantizar el derecho no solo de las mayorías, sino también de las minorías, así como el acceso igualitario y universal a los tribunales de justicia. De lo contrario, estaríamos frente a un escenario de injusticia y arbitrariedad que daría lugar a que prime la ley del más fuerte.
