Cuando en abril de 2014 el presidente del Tribunal Agroambiental (TA) fue removido de ese cargo de manera irregular por sus colegas, además de movilizaciones de protesta en Sucre, el afectado inició una acción de amparo constitucional, que concluyó casi un año después, disponiendo dejar sin efecto la resolución administrativa que lo había despojado del cargo. Sin embargo, esta instrucción del Tribunal Constitucional hasta ahora no ha sido cumplida.
Así, es comprensible la frustración que debe sentir este abogado, electo para el cargo por al menos medio millón de votos, al extremo que ayer publicó en algunos medios de comunicación, incluido este diario, una carta abierta dirigida al Presidente del Estado; en ella, Bernardo Huarachi, además de declararse víctima de abuso de poder por su “origen indígena y humilde”, revela las miserias que oscurecen la gestión del que debiera ser el más alto tribunal para juzgar los asuntos referidos a la tierra y los asuntos agrarios. El problema, además de los que se denuncia en la solicitada, está en que no parece ser la mejor manera de resolver asuntos internos del TA, por muy graves que sean, el hacer escarnio de los demás miembros ni el solicitar la intervención del Presidente. Lo que sí logra es dañar aún más la imagen del Órgano Judicial.
