Cuando, meses atrás, el empresario peruano Martín Belaunde ingresó a Bolivia huyendo de la justicia de su país, que lo procesa por corrupción, pidiendo asilo político, fue fácil imaginar que se avecinaba una tormenta diplomática. Hace una semana, su huida de la casa donde guardaba arresto domiciliario reactivó esos temores; pero días después, el prófugo fue capturado.
Vinculado en su país con la pareja presidencial, especialmente con la primera dama, a quien supuestamente, según medios de comunicación peruanos, ayudó a canalizar y lavar grandes sumas de dinero, Belaunde se convirtió desde su arribo a Bolivia en un visitante incómodo para el Estado, pues logró poner en conflicto al Órgano Ejecutivo, que no podía tolerar la presencia de un prófugo de la justicia en territorio nacional, dado que en Perú viven varias exautoridades procesadas en Bolivia, el Consejo Nacional del Refugiado (Conare), que debió evaluar la solicitud de asilo desde una perspectiva de derechos humanos y no política, y la administración de justicia, que una vez más demostró su lenidad al, primero, pretender revocar la decisión del Conare de rechazar la solicitud del peruano y, luego, concederle arresto domiciliario mientras se tramitaba su extradición, dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Finalmente, cuando hace una semana el prófugo de la justicia peruana huyó de la casa en la que vivía, custodiado por al menos siete policías, varios de ellos oficiales, a quienes además él pagaba por hacer su trabajo, el escándalo fue inevitable. Un día después de la huida, el Ministro de Gobierno presentó su renuncia, el Comandante General de la Policía fue destituido y se anunció que el Comandante Departamental de la Policía sería investigado. El propio Presidente del Estado manifestó su molestia y denunció un “complot” orquestado por miembros de la institución del orden. Irónicamente, el caso obligó a suspender la presentación de un plan de reforma policial anunciada días antes por el ahora exministro Hugo Moldiz.
El que mejor parado ha salido de este caso fue el ahora exsenador cruceño Carlos Romero, quien no solo ha vuelto al despacho de Gobierno (de donde, dicen fuentes cercanas al gobierno, el Presidente nunca quiso que se vaya), sino que además demostró su valor político atrapando al prófugo en pocos días, con una eficacia que ya quisiéramos ver en tantos otros casos en los que el delito y la ineficiencia policial lastiman a toda la sociedad.
También ha ganado mucho el Presidente del Estado, pues no solo demostró que eran falsos los rumores que lo señalaban como parte de un pacto con su homólogo peruano para proteger al empresario prófugo, sino que incluso ha mejorado su imagen ante los medios de comunicación del vecino país. Lo que falta, ahora, es que la indignación contra la Policía producida por el caso se traduzca en acciones concretas de transformación de esa institución.
