Cuando la Policía no terminaba de reponerse por la vergonzosa fuga del empresario Martín Belaunde de la casa donde guardaba arresto domiciliario, hecho que provocó la remoción de los principales responsables de la seguridad del Estado, dos miembros de la institución verde olivo han vuelto a generar noticia, y no precisamente por destacarse en el cumplimiento de sus deberes.
Nos referimos al acribillamiento de un vehículo oficial el domingo anterior a las 06.30 en Cochabamba, que rebasó por el lado derecho a una vagoneta particular en el que viajaban dos sargentos de la Policía junto a otros dos civiles. De acuerdo con la versión oficial, los oficiales, que en ese momento estaban vestidos de civiles y en estado de ebriedad, se molestaron por esta acción fuera de norma, y no encontraron mejor manera para canalizar su ira que disparando, en dos ocasiones, a la vagoneta que los había rebasado, luego de perseguirla varias cuadras. Empero, para mala fortuna de los policías, se trataba de un vehículo oficial que en ese momento se dirigía a recoger al piloto del Presidente del Estado.
Al parecer, los airados oficiales cayeron en cuenta de su “error” cuando el vehículo se estacionó en la Base Aérea de Cochabamba. Entonces decidieron emprender la fuga. Sin embargo, la reacción de las fuerzas del orden fue inmediata, y a las pocas horas los agresores fueron detenidos. Actualmente, según informó el Ministro de Gobierno, además de enfrentar un proceso penal por intento de homicidio, el Tribunal Disciplinario de la Policía evalúa la pertinencia de instruir su baja. Sin duda una necesaria medida, tanto más importante por cuanto todo parece indicar que estos arbitrarios policías no tienen ningún reparo en vulnerar la ley que precisamente están llamados a defender.
Cabe preguntarse si las fuerzas del orden habrían actuado con la misma celeridad y el mismo rigor si en lugar de un vehículo oficial que se dirigía a recoger a una persona de “importancia” para el Estado hubiese sido conducido por un ciudadano común y silvestre, al mando de un coche particular. Lamentable no solamente abusos similares cometidos en el pasado por otros efectivos, sino también y sobre todo la actitud arbitraria de éstos y otros policías, quienes se sienten por encima de la ley al extremo de cometer actos como el que aquí se comenta, permite inferir que la respuesta es negativa.
Ojalá que esta apreciación no sea la correcta. Sin embargo, mientras los policías no demuestren que han sido formados y que reciben un salario del erario público para garantizar el Estado de derecho, no para vulnerarlo, habrá que insistir en la imperiosa necesidad de conformar una institución del orden que esté al servicio de la población en su conjunto, y no de sus propios intereses o los de aquellos que detentan el poder de turno.
